CULTURA PARA LA ESPERANZA número 31. Primavera 1998
EN TORNO AL ACUERDO MULTILATERAL SOBRE INVERSIONES
Secretismo, prisas e intriga han caracterizado las negociaciones sobre el Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI) -el plan más reciente de la élite de la globalización económica para eliminar en todo el mundo las barreras a la inversión, en la búsqueda de una economía global cada vez más abierta. Todos los pactos regionales y mundiales sobre liberalización económica nacidos durante la pasada década -la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Unión Europea (UE), Mercosur y demás- palidecerán frente al poderoso AMI.
"La inversión es algo deseable y deseado... No obstante, algunos gobiernos todavía lo encuentran amenazador algunas veces, porque la libre inversión extranjera limita la capacidad de las administraciones para controlar y modelar el destino económico de sus países. Este es un pequeño precio a pagar por permitir a los que toman las decisiones en el sector privado generar beneficios económicos en todo el mundo. Pero es un precio que algunos gobiernos, en algunos sectores, todavía encuentran difícil pagar. Es una tragedia" (Comisario europeo Sir Leon Brittan).
"La mayoría de las restricciones a la inversión
extranjera se encuentran fuera del área de la OCDE... La industria
necesita los beneficios de un régimen internacional para incluir
a los países en rápido crecimiento de Asia, Europa Central
y del Este y América Latina". (Cámara Internacional de Comercio
sobre el AMI)
¿Qué dice el AMI?
En resumen, el AMI exigiría a los estados abrir de par en par sus economías a cualquier inversor interesado, y tribunales internacionales sin responsabilidad ante nadie, juzgarían las quejas de las multinacionales por tratamiento desfavorable del país anfitrión. El AMI abarcaría una variedad de inversiones amplia en extremo. No sólo inversiones directas de las corporaciones, sino además valores, obligaciones, empréstitos, participaciones de deuda, derechos de propiedad intelectual, arrendamientos, hipotecas y concesiones sobre tierras y recursos naturales. Los sectores de sanidad, educación, comunicaciones, cultura, bancario y de la construcción serían caza legal para los inversores extranjeros; de hecho, los únicos sectores exentos serían defensa y seguridad interior.
El AMI se basa en los principios de tratamiento nacional y Nación Más Favorecida (NMF). En lenguaje llano, esto obligaría a los gobiernos a tratar a los inversores extranjeros igual o mejor que a los nacionales, y de ese modo favorecería de forma automática a las inversiones transnacionales, por encima de las de empresas nacionales, más pequeñas. También se prohibirían las restricciones a la inversión extranjera que algunos países aplican a los sectores más sensibles -por ejemplo editoriales en Malasia, Indonesia y Venezuela, aprovechamientos forestales, pesca, minería y agricultura en varios países, residuos tóxicos en Colombia e industria altamente contaminante en Taiwan.
El AMI eliminaría las llamadas exigencias de comportamiento, medidas diseñadas para proteger a los trabajadores y a las comunidades. Por ejemplo, bajo el dominio del AMI se declararían ilegales la exigencia de un gobierno a una firma extranjera de dar empleo a un número mínimo de trabajadores locales, el uso de un porcentaje determinado de productos domésticos, la transferencia de tecnología y así sucesivamente. Al prohibir las restricciones al flujo excesivo de capitales, el AMI aumentaría las inversiones especulativas a corto plazo, del tipo que causó la crisis del peso mexicano en 1994 y la más reciente crisis de los mercados financieros en el Sudeste asiático.
A diferencia de otros acuerdos multilaterales, el AMI incluiría un mecanismo de resolución de conflictos que permitiría a los inversores demandar por expropiación directamente a los gobiernos locales y nacionales. Este mecanismo, que otorga a las poderosas multinacionales el derecho a llevar a juicio la legislación local y nacional emanada de procesos políticos democráticos, constituye un precedente político tremendamente peligroso. Una sentencia de expropiación, a la que el AMI define no sólo como pérdida de ingresos sino también de reputación, obliga a los estados a compensar económicamente al inversor, y/o a reformar las leyes. La comisión de arbitraje estaría compuesta por unos pocos expertos en comercio, trabajando a puerta cerrada, lejos del examen público. Las consecuencias que esta disposición podría tener sobre la legislación ambiental, sanitaria y de seguridad son enormes, como demuestra el caso promovido bajo el TLCAN, por el que la compañía estadounidense Ethyl ha demandado al gobierno canadiense por valor de 250 millones de dólares debido a la prohibición de un aditivo tóxico de la gasolina.
El AMI encadenaría a los estados firmantes al tratado por un período de 20 años. Un país sólo puede resignar después de 5 años, y las estipulaciones del tratado protegerían a las compañías inversoras por un plazo adicional de 15 años.
El AMI incluye asimismo las peligrosas disposiciones de paralización (stand still) y vuelta atrás (roll back). La cláusula de paralización prohíbe a los estados firmantes la introducción de nuevas leyes o políticas que estén en contradicción con el tratado - esto tendría un efecto demoledor en las políticas ambientales y sociales nacionales. Vuelta atrás es el proceso por el que los países se verían obligados a abrir sectores protegidos y a derogar las leyes que se considere que violan el AMI. Los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) han presentado 1000 páginas de salvedades, que eventualmente deberán volverse atrás, y que varían desde la exención austriaca para la industria de chimeneas deshollinadoras a los servicios sociales en Estados Unidos.
Las disposiciones del AMI vulneran varios acuerdos
internacionales ya firmados por los gobiernos, como la Convención
del Clima y su protocolo de Kyoto, o la Convención sobre Biodiversidad.
El AMI será un acuerdo internacional independiente, de libre acceso
para países no miembros de la OCDE, lo que significa que sólo
pueden firmar un "tómalo o déjalo" y únicamente les
son permitidas salvedades de duración limitada. Al menos 10 países
no miembros han expresado su interés en unirse al AMI desde el principio,
entre ellos Argentina, Brasil, Chile y muy probablemente Hong-Kong, Colombia
y los tres estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. También
se espera que Egipto se una.
¿Cuáles son las consecuencias del AMI?
1.- El fortalecimiento de las multinacionales
Un análisis de las fuerzas que hay detrás de cualquiera de los recientes regímenes de comercio e inversión revela que las corporaciones transnacionales -agrupadas en coaliciones nacionales e internacionales- son proponentes activas de la apertura a la fuerza de los mercados y de la eliminación de barreras al comercio y la inversión. Este es ciertamente el caso de las actuales negociaciones en la OCDE sobre el AMI.
Un total de 477 de las 500 mayores multinacionales tienen su base en países de la OCDE, y la mayoría de ellas están organizadas en grupos como la Cámara Internacional de Comercio (CIC), el Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB) y la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT). Todos estos grupos corporativos de presión han influido directa o indirectamente en el AMI. La razón de su interés en un tratado mundial de inversión, pensado tanto para los países del Tercer Mundo como para los estados de la OCDE que lo negocian, se encuentra en el creciente porcentaje de inversiones corporativas que vuelan en dirección al Sur. Más aún, las multinacionales están estrechamente vinculadas a los políticos neoliberales que gobiernan la mayoría de sus países, y juegan un papel considerable en el establecimiento de políticas nacionales, y también cada vez más, internacionales.
La finalización en 1994 de la Ronda Uruguay
y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
supusieron una gran victoria para las multinacionales, que al lado de sus
gobiernos habían presionado para conseguir la eliminación
de las barreras nacionales a la circulación de bienes y servicios.
El siguiente paso era lógicamente la creación de un tratado
que, eliminando las barreras a la inversión, proveyera a los inversores
de un "campo de juego nivelado" en todo el mundo. Las estipulaciones del
Acuerdo Multilateral de Inversión asegurarían las condiciones
de inversión más favorables para las multinacionales, entre
las que se incluyen marcos legales homogéneos y transparentes, la
normalización de las diversas condiciones locales y nacionales,
y lo mejor de todo, el derecho a recurrir cuando sus beneficios o reputación
se vean dañados.
2.- La destrucción de empleo
Aunque las multinacionales se presentan a sí mismas como creadoras de riqueza y empleo, los números muestran algo distinto. De hecho, una de las principales características de una transnacional competitiva y exitosa es la destrucción de empleo.
Entre 1993 y 1995, el volumen de negocios anual global de las 100 multinacionales principales aumentó en más de un 25 por ciento, pero durante este mismo período las mismas compañías redujeron en un 4 por ciento su mano de obra mundial de 5.8 millones, más de 225.000 personas. Su tendencia hacia las fusiones, reubicaciones, automatización y centralización de la producción y distribución son recetas seguras para la destrucción de empleo. Parte de esa mano de obra obsoleta puede trabajar para subcontratistas, una fuente de trabajo libre de problemas de las que las multinacionales hacen un uso cada vez más frecuente. Los subcontratistas son hábilmente enfrentados entre sí, lo que da como resultado precios más bajos, y también salarios menores y peores condiciones de trabajo.
Otro hecho desafortunado acerca de la inversión
extranjera es que muy a menudo conduce a la compra y reestructuración
de las compañías locales, para que puedan producir más
con menos empleados. Cerca de dos tercios de toda la IED (Inversión
Extranjera Directa) en el período 1986-92 consistió en fusiones
y compras de compañías. La triste verdad acerca de las multinacionales
es que el constante crecimiento, inversión, monopolización
y concentración en los que confían -así como la pérdida
de empleo y la destrucción medioambiental resultante- son una característica
estructural del actual sistema económico neoliberal.
3.- La pérdida de la soberanía nacional
Este acuerdo concedería a las multinacionales nuevos y extensos poderes al mismo tiempo que negaría a los gobiernos el derecho a controlar la inversión extranjera en sus países. Las leyes y reglamentos que entorpecen la inversión extranjera y que desaparecerán con el AMI, son a menudo las mismas que protegen a los trabajadores y al empleo, a la seguridad social, a las empresas nacionales, al medio ambiente y a la cultura. El AMI, al subvertir las prioridades locales y nacionales a las necesidades de los inversores extranjeros, representa una peligrosa amenaza para los procesos políticos democráticos.
Los efectos serían más devastadores
en los países más pobres, que no tendrían oportunidad
de construir una economía equilibrada, o de romper su dependencia
de la exportación y extracción de recursos al servicio de
los países industrializados y sus corporaciones. Las consecuencias
para los países de la OCDE serían distintas, aunque también
dramáticas.
4.- El asedio al Tercer Mundo
La oposición del Tercer Mundo al AMI y otros intentos de imponer políticas similares ha sido considerable. Países como India y Malasia obstruyeron, al mismo tiempo que se iniciaban las negociaciones del AMI en la OCDE, el intento liderado por la Unión Europea de iniciar un clon del AMI, llamado MIA (Multilateral Investment Agreement, Acuerdo Multilateral de Inversiones), en la Organización Mundial del Comercio. Lo que no pudieron evitar fue la creación en la OMC de un grupo de trabajo sobre inversión - en el cual la UE, entre otros, continúa presionando para comenzar las negociaciones sobre el MIA.
Los países de la OCDE mantienen una estrategia polifacética para la desregulación de la inversión en el Sur, que incluye el tentar a los países del Tercer Mundo para que firmen el AMI, mantener a fuego lento un tratado de inversión en la OMC, y el uso de otras instituciones internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir sus objetivos.
Los estados de la OCDE no ocultan su intención
de negociar un tratado con "los más altos estándares" de
protección y derechos del inversor, para sólo después
invitar a los países no miembros, sobre todo a los del Tercer Mundo,
a firmarlo. El proceso de abordaje a estos países no se ha hecho
esperar. Así, los observadores de ONGs que atendían las negociaciones
de la Unión Europea y los países de la ACP (Africa, Caribe
y Pacífico) sobre la revisión de la Convención de
Lomé (acuerdo comercial firmado en 1975 y renovable cada 5 años,
por el que la C.E.E. se compromete a comprar una cuota fija anual, a precio
estabilizado, de las principales materias primas de los países signatarios,
los cuales a su vez otorgan preferencias a las manufacturas europeas),
informaron de la presión que la UE estaba ejerciendo sobre las antiguas
colonias europeas para que aceptaran el AMI como parte de la nueva Convención.
¿Arriar todos los botes?
La OCDE afirma que la globalización económica en general y la creciente inversión extranjera en particular mejorará el nivel de vida en todo el mundo. Sin embargo, la experiencia de los países que han eliminado las barreras a la inversión extranjera firmando acuerdos de libre comercio es muy distinta. Por ejemplo, desde que México firmó el TLCAN los salarios reales han caído un 45 por ciento, dos millones de personas han perdido el empleo, y el porcentaje de población catalogada como "extremadamente pobre" ha aumentado del 31 por ciento en 1993 al 50 por ciento hoy en día. Se ha comprobado que son las mujeres y los niños los que más sufren las condiciones creadas por los tratados de libre comercio y la consecuente aparición de zonas de libre comercio.
El informe sobre Comercio y Desarrollo de 1997 elaborado por UNCTAD concluye que la globalización, en su forma actual, es responsable de un aumento dramático de las desigualdades globales. En 1965, la renta media personal en los países del G-7 era 20 veces mayor que la de los siete países más pobres del mundo. En 1995, la diferencia era 39 veces mayor. La polarización y las desigualdades de renta están aumentando también dentro de un mismo país: el porcentaje de renta que va al 20 por ciento más rico de la población ha aumentado en casi todas partes desde primeros de los 80. UNCTAD culpa por este desarrollo a la liberalización de las fuerzas del mercado, y considera inevitable la situación actual hasta que se incluya de nuevo en la agenda la regulación de la economía.
Ojo avizor
El Comisario europeo sir Leon Brittan anunció el ataque más reciente para desregularizar la inversión, cuando a primeros de febrero de este año informó al mundo del posible inicio en mayo de 1998 de las negociaciones para una zona transatlántica de libre comercio.
Después de un primer año y medio de relajadas negociaciones, el AMI entró a primeros de 1997 en una fase mucho más inestable. Los problemas se debieron a las demandas de los países de la OCDE para incluir un creciente número de salvedades y excepciones sectoriales, y a la rápida aparición en estos países de campañas anti-AMI. Aunque ya en 1991 se habían hechos preparativos serios para el AMI, hasta octubre de 1997 no se consultó a las organizaciones no gubernamentales que representan al medio ambiente, al desarrollo, a las mujeres y a otros sectores que se verán afectados por el AMI. Los negociadores se han lanzado a una carrera contra reloj en un intento de evitar otro retraso en la fecha señalada, retraso que podría significar el beso de la muerte para el acuerdo. Sin duda, ese sería un final feliz para un tratado que atraparía a los que lo firmen en un modelo económico de "libre" mercado sin trabas durante 20 años.
No habría razón para no festejar el fracaso de un tratado que aumentaría la presión competitiva sobre los salarios y las políticas, que favorecería los traslados de las multinacionales, y que prohibiría muchas de las políticas que se necesitan con urgencia para revitalizar las economías locales y reducir la dependencia general de las corporaciones transnacionales.
Extracto del Informe de la CEO (Corporate Europe Observatory)
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