Mundo Negro, diciembre del 2000

En el conflicto de los Grandes Lagos hay un continuo dar vueltas que no conduce a nada. Ni los países originalmente implicados (Burundi, R. D. Congo, Uganda y Ruanda), ni los países luego beligerantes, aliados del presidente Kabila (Angola, Namibia y Zimbabue), ni los países de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del Africa Austral), ni la comunidad internacional saben qué rumbo tomar.

Toda la actividad diplomática desplegada no sólo no ha podido alcanzar una solución duradera: ni siquiera ha sido capaz de determinar cuáles son los elementos para alcanzarla.

Sin embargo, todos coinciden en afirmar que a la solución de la crisis hay que llegar a través de los pasos consensuados el 20 de octubre en Kampala: un "alto el fuego"; despliegue de tropas de la ONU; diálogo intercongoleño y retirada de todas las tropas extranjeras. Este conjunto de medidas constituye, además, la base de los llamados Acuerdos de Lusaka, firmados el 10 de julío de 1999 por los jefes de Estado y el 30 de agosto del mismo año por la R.C.D. (Reagrupación Congoleña para la Democracia).

Con arreglo a los plazos establecidos en esos acuerdos, las últimas tropas extranjeras, "invitadas" o no, tenían que haber abandonado el territorio de Congo el 10 de enero de 2000, es decir, seis meses después de la firma de los acuerdos por los jefes de Estado. Sin embargo, siguen allí.

La realidad –¡la trágica realidad!- es que no ha habido verdadera aplicación de ninguna de las cuatro medidas fundamentales mencionadas: el alto el fuego sigue siendo violado, y parece como si el silencio intermitente de las armas no sirviera más que para reforzar las posiciones de los unos y de los otros sobre el terreno; el despliegue de las tropas de la ONU ha quedado en un simple envío de observadores militares; el diálogo intercongoleño encuentra toda suerte de obstáculos, y la retirada de todas las tropas extranjeras parece lejana, habida cuenta de la riqueza minera

de la República Democrática de Congo (R.D.C.).

Es necesario definir un orden de prioridad en las iniciativas y acciones a llevar a cabo según los Acuerdos de Lusaka. Primero hay que resolver los aspectos internos de la crisis, esto es, la restauración del Estado de derecho en la R.D.C., y después abordar los aspectos externos, es decir, "la política de buena vecindad". Ahora bien, el Estado de derecho se hace inimaginable sin el establecimiento de instituciones democráticas (los tres poderes y una Constitución) surgidas de un consenso nacional, fruto del diálogo entre los componentes de la clase política y la sociedad civil, o sea, las fuerzas vivas de la nación. Toda solución impuesta fuera de tal diálogo y consenso está de antemano abocada al fracaso, por la simple razón de que siempre encontrará rechazo. Es fundamentalmente una cuestión de legitimidad del poder.

De ahí que la prioridad entre las prioridades sea convocar lo antes posible el diálogo intercongoleño, con vistas a la definición de un nuevo proyecto de sociedad y a la restauración del Estado de derecho, con la adopción consensuada de un texto constitucional.

Por otro lado, el establecimiento de estas instituciones y su buen funcionamiento implican la presencia de una fuerza multinacional (ONU), suficientemente numerosa y dotada de medios militares y económicos en grado tal que le pemitan ser eficaz y disuasoria. Estas fuerzas resultan necesarias para garantizar la libre circulación de las personas y de los bienes, así como para hacer respetar los acuerdos derivados del diálogo intercongoleño, a semejanza del papel desempeñado por la ONU después de la Reunión de Lovaina en agosto de 1961.

Finalmente, una vez establecidas, las instituciones estudiarán los caminos y modos para afrontar, mediante comisiones mixtas de alto nivel y por la vía diplomática, los problemas de buena vecindad con los países limítrofes. De hecho, en tanto no haya estabílidad en la R.D.C., tampoco la habrá, al menos de modo duradero, en ningún país de la región de los Grandes Lagos. Y en tanto la R.D.C. no sea un Estado digno de tal nombre, las injerencias extranjeras seguirán sembrando la anarquía, y no se resolverá verdaderamente ningún problema.

La crisis de los Grandes Lagos es eminentemente una crisis política. Pero también se trata de una crisis económica: la desgracia de la R.D.C. es su riqueza. A mayor desorden en el país, mayores posibilidades de jugosas ganancias para todo tipo de pescadores en aguas revueltas, ya sean éstos nacionales o extranjeros, elementos de la rebelión y sus padrinos o el gobierno de Kinshasa y sus aliados.

Mientras que la dimensión política de la guerra de los Grandes Lagos ocupa la mayor parte de los esfuerzos diplomáticos internacionales, el aspecto económico es vivido con resignación, como una consecuencia enojosa de acontecimientos ciertamente deplorables, pero contra los que poco se puede hacer, habida cuenta de que los protagonistas de la guerra y sus patrocinadores son los beneficiarios del actual desorden. No obstante, para ser justos conviene mencionar que la ONU ha condenado el saqueo de las riquezas de la R.D.C. por los unos y los otros (Resolución 1304).

Otra dimensión importante de esta guerra, el aspecto jurídico, suele ser mencionada sólo de forma pasajera, al albur de resoluciones de la ONU o de declaraciones de intención gubernamentales, como si su posible aportación para solucionar la crisis de los Grandes Lagos fuera de poca entidad. Sin embargo, en su totalidad, la crisis de los Grandes Lagos es una crisis del derecho, como vamos a intentar demostrar.

En 1994, la comunidad intemacional levanta el embargo de armamento impuesto a Ruanda, pero mantiene el de Zaire (anterior denominación de la R.D.C.), impidiendo a este país ejercer el derecho a la defensa de su integridad territorial. El levantamiento del embargo a Ruanda iba a permitir, como se vio después, preparar en 1994 la agresión de la que Zaire fue víctima en septiembre de 1996. Esto quedará patente al plantearse la necesidad de enviar tropas multinacionales al Alto Zaire y Kivu para reconducir a Ruanda los refugiados hutu entrados en el Congo. La ONU votó en ese sentido, pero los pesos pesados de la comunidad internacional se opusieron, con una excepción.

La llamada "guerra de liberación" que llevaron a cabo Laurent Kabila y la AFDL, con ayuda sobre todo de Ruanda, Uganda y Burundi, constituye otro ejemplo de los enfrentamientos a que puede conducir la violación del derecho. La guerra de la AFDL vulneraba de hecho la Constitución de Zaire, que condenaba toda ocupación del poder por la fuerza (Art. 27). Esa vulneración es, por así decir, "el pecado original" en toda esta crisis. Por un lado, rompió el consenso nacional y el proceso democrático, para consagrar la toma del poder por las armas, además de facilitar el advenimiento del RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie). Por otro lado, habiendo basado en la fuerza su legitimidad, el nuevo poder no podía defender ésta más que por la fuerza; lo cual permite comprender las desviaciones autocráticas de una progresiva dictadura que no se reconoce como tal. Luego está el hecho de que, por haber recurrido a potencias extranjeras para conquistar y consolidar su poder, las autoridades políticas de Kinshasa tuvieron que someterse a las imposiciones de los países vecinos, enajenando, en consecuencia, la soberanía nacional.

Esta situación hará el ejercicio de la autoridad tanto más frágil y precario para Kinshasa cuanto que la seguridad civil y militar estará en manos de los ruandeses y ugandeses, cuyas armas controlarán los engranajes del poder. Violación del derecho constitucional, violación de la integridad territorial y de la soberanía nacional, ruptura del consenso nacional y del proyecto de sociedad de la Conferencia Nacional Soberana, interrupción del proceso democrático, conquista del poder por las armas y su consiguiente defensa por la fuerza, con un inevitable regreso a la represión, la dictadura, la intolerancia y la arbitrariedad. Tal es, en resumen, el estado de cosas creado por la primera "guerra de liberación".

Con su negativa a integrarse en el consenso nacional, los protagonistas de la primera "guerra de liberación" bloquearon las reglas del juego político en la R.D.C., mientras que su opción por una legitimidad basada en la fuerza los llevó a adoptar como regla de juego el golpe de Estado potencial. En efecto, la legitimidad sociológica adquirida temporalmente durante la guerra de liberación estaba abocada a desvanecerse por el progresivo deterioro de la situación social y por una gestión discutible.

La segunda "guerra de liberación", emprendida el 2 de agosto de 1998 por la R.C.D. incurre en los mismos vicios (salvo en el de vulnerar la Constitución, que ya no existe): violación de la integridad territorial, enajenación de la soberanía nacional, confirmación del principio de la conquista del poder por la fuerza, desdoblamiento de la autoridad política en la Repúblíca Democrática de Congo, con la consiguiente caída del país en una situación de no-Estado y la existencia de una multiplícidad de interlocutores reconocidos de hecho por la comunidad internacional. De ahí la lentitud y las discusiones interminables a la hora de examinar los problemas y buscarles una solución.

Se podrían mencionar otras violaciones del derecho nacional e internacional: el trato dispensado en la República Democrática de Congo a la Comisión de derechos humanos de la ONU en 1997-1998; el reclutamiento de niños-soldados en todos los campamentos; la transformación en mercenarios de los interahambwe y ex FAR [Fuerzas Armadas Ruandesas, vinculadas al régimen de Juvenal Habialimana] entrados en Congo como refugiados; las exacciones y eliminaciones físicas, tanto en el este como en el oeste; el expolio sistemático de las riquezas naturales del país; las dos guerras de Kisangani, en 1999 y 2000, entre las fuerzas ugandesas y ruandesas; el elevadísimo número de víctimas militares y civiles de la segunda "guerra de liberación" (1.700.000 personas); la ocupación ilegal de territorio congoleño por tropas extranjeras, y la partición, de hecho, de la R.D.C.

En el punto en que nos encontramos, cualquier solución global exige recurso al diálogo, no a las armas, y respeto del derecho: derecho de los Estados y derecho de las naciones, derecho nacional y derecho internacional, derecho de las personas y derecho de los grupos humanos.

Se trata, en suma, de restaurar o instaurar en cada país de la región el Estado de derecho y, por tanto, la primacía de la ley, sobre todo la recogida en una Constitución que garantice los derechos fundamentales y la igualdad jurídica. Esto supone el establecimiento de instituciones democráticas con la correspondiente separación de los tres poderes y su control, tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil. En la solución política de la crisis, las partes se dejarán guiar en materia de derecho por los principios clásicos de la jurisprudencia:

-La vida tiene prioridad sobre el derecho. Pero ha de evitarse caer en el peligro -no imaginario- de balcanización de la R.D.C., lo que convertiría la región de los Grandes Lagos en un foco permanente de conflictos, sobre todo si, obstinadamente, se llegase a crear un "Hutuland". Quienes verdaderamente deciden en el mundo no deberían olvidar nunca los errores del siglo XX.

-La reivindicación de la integridad territorial de la R.D.C., de su soberanía y de la restauración del Estado en este país no es algo superfluo, sino un derecho fundamental reconocido por todas las convenciones internacionales.

-La salvación de los pueblos no se encuentra en la guerra, sino en una paz duradera basada en la justicia y en el respeto del derecho de todos y cada uno.

La Iglesia tiene que sentirse concernida en grado sumo por el estado de guerra inútil y atroz al que se enfrenta el Africa de los Grandes Lagos. Y le concierne tanto más cuanto que esta región es la que tiene el más elevado porcentaje de católicos. La Iglesia no puede abandonar a sus propios hijos.

La reciente carta autógrafa del Santo Padre a la XII Asamblea Plenaria del SECAM es prueba elocuente de ello: «La historia cargada de sufrimiento de los pueblos de Africa es también la de la Iglesia en este continente. En el curso de los últimos decenios, obispos, sacerdotes, misioneros, religiosos, religiosas y laicos han sido brutalmente perseguidos e incluso asesinados. Estructuras que servían al bien del conjunto de la población, sin discriminación alguna, han sido saqueadas y destruidas numerosas veces. Comunidades enteras han sido dispersadas» .

En todos los horrores de la guerra, la iglesia será en Africa la voz de cuantos sufren la conculcación de sus derechos. Denunciará valientemente y como comunidad toda estructura, toda acción, todo sistema y toda iniciativa que envilezca al hombre y lo rebaje al nivel del animal. La Iglesia proclamará los imperativos de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de la persona.

La iglesia en Africa se hará eco de los ángeles que dijeron en la noche de la Navidad: «Paz a los hombres que ama el Señor». Primer deseo del cielo para la humanidad en el nacimiento del Salvador, la paz es un derecho del hombre. Este don mesiánico de la paz significa armonía integral en la humanidad: armonía entre Dios y los hombres, armonía y concordia de los hombres entre ellos.

La Iglesia denunciará sin ambages la guerra, los conflictos armados y todo lo que conduce a tales situaciones, en especial el tráfico de armas y el reclutamiento de niños. Antes que una victoria sobre los otros, la paz de Cristo es la victoria de cada uno sobre sí mismo. Sólo entonces ella se acaba imponiendo, ad intra y ad extra. La paz de Cristo comienza en los corazones.

La iglesia debe esforzarse en tomar parte en todos los esfuerzos de mediación por la paz en Africa. Sin duda, es la única institución que puede hacerlo sin intereses egoístas, por el solo bien de los afticanos. Pero no podrá reconciliar y ser «artífice de la paz si ella misma no es una comunidad de personas reconcíliadas».

La iglesia hará cuanto esté a su alcance para hacer que las partes en guerra entablen conversaciones de paz, en un diálogo que represente una auténtica voluntad de reconciliación y no una pura formalidad. Más que nadie, los cristianos no pueden sustraerse al diálogo: ello estaría en contradicción con su pertenencia a Cristo, que es por esencia Palabra, Diálogo, Mediador.

La Iglesia-familia, tal es el caballo de batalla de la evangelización en Africa. La Iglesia quiere que, en lo sucesivo, el discípulo de Cristo, perdiendo los reflejos etnocéntricos, viva con reacciones

y actitudes de cristiano y de cristiana: una persona que por el bautismo ha adquirido otra identidad y otra familia, cuyas referencias trascienden los vínculos naturales y biológicos.

La Iglesia en Africa contribuirá a consolidar la paz en este continente, dando testimonio de una Iglesia familia de Dios, en la que los miembros se tienen un amor connatural, cualesquiera que sean su raza, etnia o posición en la sociedad. Las catequesis, las líturgias dominicales, los catecumenados, los movimientos cristianos, las escuelas y las CEV (Comunidades Eclesiales Vivas) son los lugares ideales de la formación para ese testimonio. La Iglesia deberá combatir toda ideología etnocéntrica en la política, en la sociedad y en las comunidades cristianas, al igual que todo fermento de división.

Este mensaje de hermandad no es evidente en sí; por eso, señaladamente, deberá integrar de manera armoniosa los imperativos legítimos y los deberes de patriotismo. Pero la formación debe hacer que quienes la reciben sepan distinguir entre Estados y pueblos. Dos Estados en guerra o dos ejércitos en conflicto no convierten necesariamente a sus pueblos en personas que deban odiarse. Defender el propio país, rechazar la ocupación extranjera no significa que se abrigue una cultura del odio. Además, el testimonio de amor y de reconciliación de los cristianos puede servir para mitigar las discordias y los conflictos armados.

Por eso, aparte de profetas, el pueblo de Dios necesita contar con sabios. La denuncia de la guerra y la defensa de la paz se deben hacer a tiempo y a destiempo, por lo cual acaban provocando represalias. Preciso es, por tanto, asociar a la acción profética el discernimiento de toda la comunidad, especialmente el de los sabios.

En todo caso, la iglesia en Africa debe ser mensajera de esperanza: el Señor ha resucitado; está con nosotros hasta el fin del mundo (cf. Mt 28, 20). En palabras y en hechos, la Iglesia deberá ser la esperanza del pueblo, por estar siempre a su servicio, por ponerse siempre de su parte, por llevar a cabo sin miedo acciones proféticas que inquieten la conciencia de cuantos lo oprimen o explotan.

Una Iglesia que sea signo de contradicción, como su Fundador, que, «a causa de Cristo y del Evangelio» (Mc 8,35), no tema proclamar los valores de amor, paz, fraternidad, justicia y verdad. Una iglesia que sea lugar e instrumento de paz en Africa: la paz que Cristo da y que acompañará a la humanidad a lo largo de su peregrinación terrena.

De naturaleza eminentemente política y manifiestamente económica, la guerra de los países de los Grandes Lagos es sin duda una crisis del derecho. No se hallará ninguna solución global y duradera para los problemas planteados, si la crisis no es tenida en cuenta en sus diferentes dimensiones.

La solución política implica el diálogo, el consenso, la reconcíliación nacional en torno a valores de sociedad adoptados de común acuerdo.

Pero, como es lógico, los acuerdos no comprometen más que a las partes firmantes, cualquiera que sea el alcance de los análisis y de los acuerdos logrados, desde el punto de vista político y administrativo, socioeconómico y cultural. Se entiende, pues, que sólo tendrán fuerza de ley mediante el establecimiento y la acción de instituciones democráticas. De ahí la importancia de la Constitución y la ley. Es la dimensión jurídica, tan olvidada, por desgracia, a la hora de buscar soluciones a esta crisis que ya se ha prolongado demasiado. Nacida de la violación del derecho, la crisis en la R.D.C. y en la región de los Grandes Lagos arrastra consigo esta tara, que bloquea el sistema y el juego político.

La Iglesia-familia, que es por naturaleza eclesialidad, conciliaridad, agrupación, mediación, reconciliación, debe ser capaz, con los medios propios de su misión, de ayudar a los africanos a encontrar soluciones duraderas a la crisis de los Grandes Lagos.

Mons. Laurent Monsengwo