EL 14 de mayo, pocos días antes de que concluyera la XIª fase del programa "petróleo por alimentos", el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU) aprobaba por unanimidad (con "fuertes reservas" por parte de Siria, en la actualidad miembro, no permanente del mismo) una nueva resolución sobre el embargo a Iraq, la número 1409 que ha sido presentada como "el segundo mayor cambio" en el programahumanitario para Iraq desde la aprobación de la resolución 1284 en septiembre de 1999. Sin embargo, la nueva resolución tan solo revisa aspectos muy limitados del programa "petróleo por alimentos" Por el contrario, la resolución mantiene, si no refuerza, los mecanismos básicos del control estratégico -financiero, comercial y tecnológico- de Iraq y otorga a EEUU tiempo para preparar su asalto final contra este país.

En primer lugar, la resolución 1409 mantiene el control financiero del país, que es el núcleo central de las sanciones. La nueva resolución mantiene el procedimiento de reparto porcentual de los ingresos iraquíes por la venta de crudo, que determina que apenas la mitad de este dinero pueda emplearse en la compra de productos; asimismo, los ingresos seguirán siendo gestionados por NNUU. De igual manera, la nueva resolución mantiene el control tecnológico del país, que no solo no se alivia con la nueva resolución, sino que se atornilla aún más. El CS ha aprobado al tiempo que la nueva resolución una extensa y prolija lista de artículos considerados de "doble uso" (civil y militar) y, por ello, prohibidos. Esta lista incluye todo producto mínimamente manufacturado o de tecnología media, muchos de ellos inexcusables para la recuperación socioeconómica del país: "La lista incluye productos que son necesarios para tratamientos médicos, el tratamiento de aguas, las comunicaciones, el transporte, la educación, la producción agrícola... en resumen: productos indispensables para vivir dignamente", ha señalado Hans von Sponeck, dimitido coordinador de NNUU para Iraq. La única novedad de la resolución hace referencia a la agilización de la aprobación de los contratos firmados por Iraq y terceros países para la compra de bienes, siempre y cuando éstos no estén incluidos en la lista de productos prohibidos. Sin embargo, la amplitud y el carácter prolijo de esta lista, la complejidad del procedimiento aprobado y, en última instancia, la pervivencia del Comité de Sanciones como instancia final decisoria, permiten imaginar que ni van a entrar más productos en Iraq ni más rápidamente, y que persistirán los "cuellos de botella" administrativos que hasta ahora afectaban incluso a los bienes estrictamente humanitarios. Como sintetiza von Sponeck: "La resolución [14091 ( ... ) no cambiará nada ( ... ) la catástrofe humanitaria en Iraq no tendrá fin". La resolución 1409 no va a determinar, en suma, un alivio apreciable de la situación humanitaria de la población iraquí. Si es así, ¿cuáles han sido los objetivos de británicos y estadounidenses al proponer los primeros y apoyar los segundos el borrador de esta resolución?

En primer lugar, EEUU y Gran Bretaña procuran aliviar la presión pública internacional, preocupada por el impacto humanitario de la sanciones sobre la población iraquí, presentado la aprobación de la resolución -como hicieran en su día con la 986- como un beneficio para el pueblo iraquí, que habrá de ver mejorada su situación cotidiana, y como un mejor ajuste del régimen de sanciones contra Sadam Husein. En segundo lugar, EEUU y Gran Bretaña logran alejar el debate en el seno del Consejo de Seguridad sobre el fin del embargo, desactivando al tiempo -y esto es lo relevante- el diálogo abierto entre Iraq y Kofi Annan, con el apoyo y aval de la Liga Arabe, diálogo que viene desarrollándose en Nueva York en varias citas desde comienzos de año, tras un largo paréntesis de un año impuesto por el ataque de EEUU a Bagdad de febrero del año 2001. Sin embargo, al parecer Gran Bretaña tuvo que esforzarse inicialmente en convencer a EEUU del interés en que se aprobara la nueva resolución, que a su vez hubo de convencer a Moscú de que votara a favor de ella. Lo cierto es que la estrategia dominante hoy respecto a Iraq en la Administración Bush -como ya lo era en la etapa final de la de Clinton- es la de asaltar militarmente el país y cambiar su régimen político cuando las circunstancias lo permitan, el próximo otoño o en los primeros meses del año 2003. EEUU ha abandonado lo que se ha venido denominando "política de contención" de Iraq, cuya última formulación fue la pretensión estadounidense -defendida principalmente por el secretario de Estado Colin Powell- y británica de imponer en el CS un nuevo y reforzado sistema de sanciones, las llamadas "sanciones inteligentes". En última instancia, la aprobación de esta nueva resolución, al tiempo que -como decíamos- distrae la atención y confunde a la opinión pública internacional, otorga a EEUU tiempo en sus preparativos militares contra Iraq. Hans von Sponeck lo sintetiza de la siguiente manera:

"En octubre de 1998 el Congreso de EEUU definió la política estadounidense respecto a Iraq y aprobó el Acta de Liberación de Iraq. Esta ley contiene un pasaje que confirma que el objetivo último de las autoridades estadounidenses es acabar con Sadam Husein y con su gobierno, lo cual sitúa en su perspectiva real el tira y afloja que mantienen los departamentos de Estado y de Defensa [en relación a la resolución de la cuestión iraquí].

Con el reciente abandono por parte de la Administración estadounidense de la política de contención de Iraq, la cuestión ya no es si Iraq debe ser o no el siguiente país de la lista [en ser atacado], sino cómo se puede justificar esto y cómo hacer que lo acepten los gobiernos de Oriente Medio y los denominados "socios de coalición", especialmente los europeos".

Ciertamente, la decisión de atacar Iraq y promover un cambio de régimen en el país -heredada del mandato de Clinton- se ha ido consolidando dentro de la nueva Administración Bush a lo largo del año 2001, y cristaliza tras -y gracias a- el 11 de septiembre (11 -S). En este tránsito, la pretensión del secretario de Estado Powell de seguir recurriendo al CS para endurecer el régimen de sanciones contra e Iraq y abortar el proceso paulatino, pero imparable, de reintegración regional e internacional de Bagdad, ha tenido que dar paso a la opción militar que defendían el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, su vicesecretario Paul Wolfowitz, así como la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice.

La pretensión de Estados Unidos durante el pasado año 2001 de que el Consejo de Seguridad aprobara las "sanciones inteligentes" tenía como objetivo estrechar el control estratégico de NNUU sobre los ingresos petrolíferos iraquíes y someter al país a un embargo tecnológico definitivo que impidiera su recuperación y reinserción económica regional. Estadounidenses y británicos estaban entonces preocupados por el debilitamiento del embargo: la mayoría de los países árabes y la propia Turquía habían ido recuperado en los años 2000 y 2001 sus relaciones económicas y -parcialmente- diplomáticas con Iraq. De especial trascendencia fue la recuperación de relaciones entre Siria e Iraq, que reabrían en noviembre de 2000 su oleoducto común de 750 kilómetros, fuera del control de NNUU. Iraq, pese al rígido sistema de sanciones y gracias a las cantidades de crudo que exportaba en el marco del programa "petróleo por alimentos", había recuperado un papel central económico en Oriente Medio y era un socio comercial prioritario para Rusia, codiciado por los países europeos.

Por ello, y por el diálogo recién abierto entre Iraq y el secretario general de Naciones Unidas, en clara advertencia a los nuevos interlocutores del régimen de Sadam Husein y en una nueva combinación de unilateralismo militar y utilización pragmática de las instituciones internacionales, EEUU y Gran Bretaña atacaban Bagdad en febrero de 2001, para presentar inmediatamente después al CS un borrador de resolución que suponía sustituir el vigente régimen de sanciones por el reforzado de las "sanciones inteligentes". El núcleo central de las "sanciones inteligentes" se basaba en el reforzamiento de los mecanismos de control financiero, tecnológico y comercial de Iraq sin límite temporal alguno, al tiempo que se introducían nuevas medidas de control sobre Jordania, Siria y Turquía a fin de impedir el contrabando. La propuesta fue rechazada de plano por Rusia, que veía amenazas sus privilegiadas relaciones comerciales con Iraq. Finalmente, tras un mes de deliberaciones, mientras que China se mostró sensible a las argumentaciones comerciales de EEUU, la amenaza de veto por parte de la Federación Rusa determinó que el Consejo de Seguridad renunciara a aprobar cualquier nuevo sistema de sanciones, limitándose a prorrogar el 3 de julio el programa "petróleo por alimentos", solución que se consideró entonces como un grave revés de la nueva Administración Bush -y un fracaso personal de Powell- en su política de asedio contra Iraq.

Pocos meses después, el panorama internacional había cambiado radicalmente tras los atentados del 1 1-S. A finales de noviembre, cuando debían renovarse de nuevo las sanciones y el programa humanitario para Iraq, EEUU estaba en plena campaña contra Afganistán, materializando manu militari su presencia en un área muy sensible para Moscú, la amplia zona del Caspio-Cáucaso. Por ello, el CS simplemente renovó entonces el programa humanitario para Iraq, sin que EEUU pretendiera de nuevo enfrentarse a Rusia a fin de imponer en el Consejo las "sanciones inteligentes": la lógica predominante tras el 11 de septiembre de "ofensiva global contra el terrorismo" arrumbó la idea de Powell de recurrir al CS para reforzar el control de Iraq y fortaleció al sector más militarista, anti-iraquí y pro-israelí de la Administración Bush. Como señala Phyllis Bennis, del Institute for Policy Studies de Washington: "El abandono por parte de Powell de su propuesta de "sanciones inteligentes" ante NNUU era ya una señal. Adoptadas en principio como estratagema de relaciones públicas para acabar con la creciente preocupación que provocaban las horribles sanciones sobre los civiles iraquíes, las "sanciones inteligentes" únicamente habrían tratado de reparar el impacto de las sanciones, pero no habrían contrarrestado sus efectos. Después del 11 de septiembre, Washington dejó de sentirse obligado a responder al modo en que el mundo percibía el impacto de las sanciones. Las "sanciones inteligentes" fueron reemplazadas por una extensión del régimen de sanciones vigente y un acuerdo con el CS para negociar nuevas normas de importación de bienes hacia el interior de lraq".

EEUU ha procurado sin éxito implicar a Iraq en los atentados del 1 1-S, primero en los propios ataques suicidas a través de la conexión checa (los ya desmentidos contactos entre un funcionario de la embajada iraquí en Praga y uno de los pilotos suicidas) y después en los atentados con ántrax (de origen interno). Sin embargo, miembros del sector más duro de la Administración Bus se expresaron reiteradas veces tras los ataques del 11-S a favor de que la campaña bélica antiterrorista iniciada por EEUU en

Afganistán incluyera en una segunda fase a Iraq, y ya antes de concluida la intervención contra ese país, este sector de la Administración y los medios de comunicación estadounidenses consideraban que no era necesario hallar una conexión entre los ataques del 11 -S o la red al-Qaeda e Iraq.

Remitiéndose a las declaraciones de un alto funcionario estadounidense, Newsweek informaba en su edición del 28 de enero que se había alcanzado un "consenso general" en el seno de la Administración Bush entre los secretarios de Estado Powell y el de Defensa Rumsfeld para un "cambio de régimen" en lraq. Según Newsweek, la Administración Bush incrementará su presión sobre Sadam para que admita [el retorno de] los inspectores de desarme de NNUU", mientras gana tiempo a fin de lograr el apoyo de sus aliados, reorganiza a la oposición iraquí y prepara la invasión. "El tiempo requerido podrá ser, en cualquier caso, de seis a 18 meses" (pág. 36). En la actualidad, la Administración Bush admite ya públicamente que ni tan siquiera un eventual retorno a Iraq de los inspectores de desarme de NNUU sería determinante para evitar la intervención. El principal asesor del secretario de Defensa y jefe del Defense Policy Board del ministerio, Richard Perle, declaraba a la edición alemana del Financial Times, durante la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la primera semana de febrero, que incluso si Iraq aceptaba la exigencia de EEUU del retomo al país de los inspectores, la Administración Bush desencadenaría una guerra contra Iraq si así lo considera necesario: "No hay nada que Sadam Husein pueda hacer para convencemos de que en el futuro no vendrá ningún peligro de lraq". Quizás por ello, ante la certeza de que EEUU tiene intención de atacar Iraq y a fin de desactivar una posible justificación, el régimen iraquí no se opone ahora tan categóricamente como antes al retomo de los inspectores, si se establece un procedimiento adecuado para ello y en el marco de una evaluación integral y ponderada de lo que han sido estos 12 años de embargo, que es el que se está procurando establecer en los encuentros entre el ministro iraquí de Exteriores y Kofi Annan.

Cuando apareció el artículo en la revista Newsweek, la fecha más temprana para el lanzamiento de la intervención contra Iraq se situaba antes del verano, precisamente tras la conclusión de la fase XIª del programa "petróleo por alimentos", a finales de mayo. Perle en las declaraciones antes referidas de febrero indicó que la entonces recién concluida guerra contra Afganistán podría ser un buen modelo para la nueva intervención contra Iraq: campaña masiva de bombardeos aéreos, operaciones especiales de comandos en el interior del país y recurso a las fuerzas opositoras, que habrían de llevar el mayor peso de la guerra terrestre hasta Bagdad. "Las potenciales fuerzas combatientes serían los kurdos en el Norte y los chiítas en el Sur [del país]", indicó Perle, bajo un liderazgo unificado, el Congreso Nacional Iraquí. Este modelo impone, por una parte, un notorio despliegue regional que cuente, necesariamente, con el apoyo de algunos Estados árabes de la zona y de Turquía, y por otra, la necesidad de reestructurar una oposición débil, dividida, corrompida y sin apenas presencia interior, exceptuando la zona del Kurdistán iraquí fuera del control gubernamental. La cadena norteamericana NBC informaba el 11 de abril que el Pentágono pretendería iniciar su intervención contra Iraq en noviembre o diciembre próximos, si bien la fecha más plausible es la de comienzos de 2003. Cuatro son los factores -por lo demás todos ellos relaciona- dos entre sí- que están determinando posponer la intervención: a) las necesidades logísticas, de orden militar para desencadenar un ofensiva masiva, b) la necesidad de contar con contingentes opositores sobre los que hacer recaer la ofensiva terrestre hasta Bagdad, c) la explícita oposición de los aliados regionales de EEUU, y d) el deterioro de la situación en Palestina.

A finales de 2001 el Pentágono comenzó a desplazar desde sus bases en EEUU a la región del Golfo a los máximos mandos de las Fuerzas Aéreas, Navales, Cuerpo de Marines y del Ejército del Comando Central estadounidense. Asimismo, durante todos estos meses se han intensificado los contactos de distintas instancias oficiales estadounidenses con la oposición iraquí, mientras se reiteran los rumores de que ya hay presencia de personal de la CIA y cuerpos especiales estadounidenses en el Kurdistán iraquí. Sin embargo, parece claro que no hay una "Alianza del Norte iraquí" que, como en el caso de Afganistán, pueda soportar exitosamente el peso de la ofensiva terrestre hasta Bagdad. Por ello, el Pentágono parece haber asumido que tendrá que haber una decisiva participación de soldados estadounidenses en la invasión terrestre: según fuentes del departamento de Defensa, EEUU tendrá que estacionar previamente en la zona entre 200.000 y 250.000 soldados para la invasión de Iraq, una cifra sin embargo inferior a la de la Guerra del Golfo de 1991, debido a la reducción en un 40% de los efectivos que el ejército iraquí tenía entonces, y a un mayor uso de armas de alta precisión, lo cual incrementaría la eficacia de los bombardeos previos a la ofensiva terrestre. En cualquier caso las altas temperaturas de la zona en verano y la necesidad de reabastecer los arsenales agotados -al parecer- en Afganistán, sitúan, como muy pronto, en el otoño próximo el inicio de la guerra.

El último factor a considerar es la capacidad de EEUU de implicar a sus aliados en la agresión a Iraq, hasta ahora abiertamente reticentes. En este sentido, un antecedente preocupante ha sido el cambio de actitud de Rusia. La clave para la aprobación de la resolución 1409 ha sido la aceptación final por parte de Rusia de la lista de productos prohibidos antes mencionada. El apreciable cambio de postura de Moscú, que –como veíamos- hace un año amenazó con recurrir al veto por tal motivo, ha sido la promesa estadounidense de dar luz verde a los contratos firmados por Rusia e Iraq que, por valor de 700 millones de dólares, EEUU y Gran Bretaña tienen bloqueados en el Comíté de Sanciones por considerar que son susceptibles de uso militar por Bagdad. La decepción iraquí ha sido mayúscula, tras haber favorecido comercialmente a Rusia durante todos estos años: la Rusia de Putin modificaba así radicalmente la línea mantenida en estos años de defender una negociación entre Naciones Unidas e Iraq que condujera al fin del embargo. Los acuerdos firmados a finales de mayo con Estados Unidos, la OTAN (incluido la creación del Consejo OTAN-Rusia) y la Unión Europea pueden convencer definitivamente a la Federación Rusa -ansiosa por recuperar el estatuto de "potencia mundial"- de que oponerse a la guerra contra Iraq sería un grave error estratégico.

Pero el factor crítico que ha de afrontar EEUU en los próximos meses es vencer la oposición de sus tradicionales aliados árabes en la región y, asociado a ello, lograr una resolución rápida de la crisis en Palestina tras el fracaso definitivo del proceso de Oslo y el colapso de la Autoridad Palestina (AP) tras la ofensiva del gobierno Sharon de los meses pasados. A mediados de marzo, antes de que se iniciara el asalto del ejército israelí a las Áreas Autónomas en Cisjordania, el vicepresidente estadounidense Cheney, en su primera salida al exterior tras el 11 -S, visitaba varios países europeos y la práctica totalidad de los países árabes de Oriente Medio -además de Turquía e Israel- a fin de discutir con sus aliados los futuros pasos en la guerra global contra el terrorismo", según fuentes oficiales citadas por Reuters; en suma, reconstruir una nueva coalición bélica similar a la de 1991 comprometiéndolos en la nueva agresión contra Iraq. Pese a que la argumentación predominante en los últimos meses para justificar el asalto final a Iraq es que su régimen sigue constituyendo una amenaza para sus vecinos, éstos –con la excepción de Israel- mostraron al menos públicamente su abierta oposición a la decisión de Washington de atacar Iraq. Por ejemplo, la oposición fue tan explícita en Arabia Saudí, que el Pentágono ha decidido establecer un segundo Comando Aéreo en la Península, en Qatar, desde el que se dirigirían todas las operaciones contra Iraq, tras la incertidumbre de que los saudíes permitan a EEUU que utilice en su ataque a Iraq la base Príncipe Sultán, donde tiene alojado el actual centro de mando regional de la Fuerza Aérea. Para mayor irritación de EEUU, en la cumbre de la Liga Árabe, celebrada en Beirut pocos días después de realizada la gira de Cheney a la zona, se formalizaba la reconciliación oficial entre Arabia Saudí e Iraq, y se sentaban las bases para hacer lo propio entre Bagdad y Kuwait. Tras todo ello, en lo que no debe dejar de considerarse como una clara llamada de atención a los regímenes árabes, la Administración Bush daba luz verde a la ofensiva del gobierno de Ariel Sharon contra las Áreas Autónomas, iniciada el 29 de marzo y que se prolonga prácticamente hasta el día de hoy. Pudiera pensarse que EEUU ha hecho una arriesgada apuesta permitiendo a Israel el asalto de los territorios palestinos, creyéndose que con ello ha complicado y retrasado su intervención contra Iraq. Pero igualmente cabe considerar que el mensaje enviado a la oficialidad árabe es demasiado contundente como para que no sea tomado en serio: al haber permitido que Israel invadiera las ciudades y campamentos palestinos y asediara la sede gubernamental de Ramala (amenazando la integridad física del propio Arafat), la Administración Bush ha recordado a sus propios aliados árabes que nadie es imprescindible en Oriente Medio salvo Israel y que las reglas del juego regionales previas al 11-S ya no valen. Y es que ésta es la clave a valorar en los próximos meses: si el objetivo manifiesto de EEUU es la sustitución por la fuerza de un régimen árabe, el iraquí ¿hasta qué punto los restantes regímenes árabes (todos ellos extremadamente débiles o internamente deslegitimados) que ahora se muestran refractarios a un ataque contra Iraq mantendrán su oposición al mismo si comprueban que EEUU está determinado a lanzarlo? La lógica de la "guerra global contra el terrorismo" de la Administración Bush es explícita y similar a la de 1990-91, antes de la Guerra del Golfo: "o conmigo o contra mí", y ningún régimen árabe podrá eludir el desafío -como se ha podido comprobar en Palestina con Arafat- de una sustitución fulminante en caso de disidencia. De hecho, permitiendo el salto israelí contra la AP, la Administración Bush ha podido ya constatar la debilidad de la respuesta oficial árabe a la ofensiva de Sharon, pudiendo imaginar su escasa resistencia ante un ataque a Iraq.

El final de la jugada es previsible. A fin de cerrar la cuestión palestina favoreciendo al Estado de Israel -su aliado estratégico en la región- y de aliviar la presión interna sobre los gobiernos árabes, EEUU promueve ahora (tras la ofensiva israelí de mayo-abril y aprovechando la debilidad extrema de Arafat) un acuerdo rápido para la creación de un "Estado palestino" que no sería más que un protectorado estadounidense, que en estos días estarían diseñando el general retirado Anthony Zinni y el director de la CIA, George Tenet.

Como señala Mohamed Sid Ahmad, tenemos derecho a preguntarnos si las declaraciones de la Administración Bush a favor de la creación de un Estado palestino -efectuadas primero tras iniciarse la guerra contra Afganistán (plasmadas después en la resolución 1397 del CS) y ahora una vez concluido el asalto israelí a las Áreas Autónomas- son la respuesta esperada a las aspiraciones nacionales del pueblo palestino o una mera "distracción para allanar el camino para un ataque decisivo contra Iraq". En este sentido el destino de los pueblos iraquí y palestino está hoy, más que nunca, dramáticamente entrelazado.