Tras haber ganado las últimas elecciones presidenciales con 52 millones de votos, Luiz Inacio Lula da Silva se ha convertido desde el 1 de enero en el máximo mandatario de Brasil. Desde entonces hasta ahora ya se han cubierto los famosos 100 días que se otorgan a todo gobierno para apuntar los indicios de porqué derroteros puede ir su política. Hay que recalcar lo de "indicios", ya que la lectura de los acontecimientos iniciáticos del caminar de un nuevo gobierno no se puede hacer más que en clave de proceso, aunque, al mismo tiempo, hay que saber darles su importancia porque a menudo son, en buena medida, los cimientos de lo que ha de venir.

El hecho de que Lula encabece un partido de izquierdas, el Partido de los Trabajadores (PT), y de que su proceso personal contenga aspectos poco comunes entre los presidentes al uso: vivencia de las penurias de toda familia humilde brasileña, carencia de estudios universitarios, una fuerte militancia sindical como obrero metalúrgico y la solidaridad con la gente menos favorecida frente al poder turno; han despertado una expectación singular que ha atravesado las fronteras de su país. Es una expectación cargada de esperanzas, que ansía encontrar ejemplos de que la lucha contra este sistema neoliberal injusto, que aboca a la miseria a países enteros, es posible y tiene sentido.

Al nuevo gobierno no se le exige tanto la victoria como la lucha, una lucha que desmienta categóricamente aquella frase de Margaret Thatcher "there is no alternative" (no hay alternativa) o la del ex-Presidente brasileño Fernando H. Cardoso, "fuera de la globalización no hay salvación, dentro de la globalización no hay alternativas".

En las siguientes líneas, que pretenden trazar sólo algunos rasgos significativos del caminar político en Brasil desde primeros de año, será imprescindible mencionar repetidamente a Lula como presidente electo, líder popular y máximo representante del gobierno de Brasil, pero vaya por delante mi convicción profunda de que el protagonismo debe ser asumido por el pueblo, al tiempo que mi desconfianza en los procesos que tienden a entronizar a grandes líderes unipersonales. Habitualmente se les hace más daño que bien cuando se les coloca como centro permanente de toda la vida política y económica. Hecha esta aclaración echemos un vistazo a la situación de Brasil.

Durante la campaña electoral quedó patente el giro en el discurso de Lula respecto a comicios anteriores donde el enfrentamiento al sistema económico internacional y a la burguesía brasileña marcaban las señas de identidad de su partido. En las últimas elecciones Lula sustituyó la estrategia de confrontación por la de la colaboración, haciendo hincapié en la necesidad de la unidad nacional y del pacto social, siendo el gesto más representativo de esta nueva actitud su coalición con el Partido Liberal.

Esto ha supuesto para muchos un duro trago dentro de sus propias filas, y es que desde los referentes marxistas es muy difícil aceptar que obreros y patronos vayan de la mano para levantar la producción de un país. Eso de la lucha de clases ha sido para muchos de ellos no sólo un postulado teórico sino una experiencia cotidiana en un país en el que el 1% de la población acumula el 53% de la riqueza.

En el fondo se desconfía de las intenciones de la burguesía brasileña y se teme que "toda una dirigencia comprometida en poner fin a la escandalosa situación social del Brasil termine sucumbiendo ante los encantos del discurso "sensato" y "prudente" de los responsables de este mundo insensato e imprudente".

No son muchos los que apuestan por un largo idilio entre el PT y la burguesía brasileña, pero si se mira despacio hay, al menos, de forma puntual, una confluencia de intereses. Por un lado, la política neoliberal de Cardoso estaba debilitando los intereses de los productores locales en favor de las grandes empresas transnacionales y, por otro, Lula que ha apostado por un productivismo local que sólo es posible en unas condiciones de una paz social y laboral mínimas.

Con todo esto de fondo, conviene recordar que Lula ocupa la presidencia pero eso no significa controlar el poder y, menos aún, cuando no se tiene mayoría ni en el Congreso, ni en el Senado. A pesar de todas las coaliciones electorales y postelectorales la negociación es inevitable para el gobierno de Lula si no quiere entrar en un conflicto permanente con el Legislativo que paralice sus planes de futuro para el país.

La configuración del gobierno actual muestra cómo Lula ha apostado principalmente por gente de izquierdas en las cuestiones sociales y cómo las cuestiones macroeconómicas ha preferido dejarlas en manos de la alta burguesía brasileña.

El equipo de gobierno está formado por 30 ministros, 4 secretarios de Estado y, por la importancia que tiene, mayor que la de cualquier ministerio, habría que sumar al presidente del Banco Central. De estas 35 personas, 20 son afiliados al PT (16 ministros y los 4 secretarios de Estado), 7 del partido de coalición y, luego, uno de cada partido que les dio su apoyo en la segunda vuelta de las elecciones (PL, PC do B, PDT, PPS, PSB, PTB, PV). Por último y como presidente del Banco Central se ha elegido a un diputado federal del PSDB, el partido de Serra y del ex-presidente Cardoso.

Si bien la mayoría del gobierno está formado por militantes del PT, buena parte de ellos de origen muy humilde y de trayectoria de lucha social o sindical probada, hay otros compañeros de camino que levantan ampollas entre sectores de la izquierda:

- Henrique Meirelles ex-presidente mundial del Bank Boston hasta agosto pasado, el segundo mayor acreedor de la deuda externa brasileña, diputado federal por el PSDB, el partido de Cardoso y Serra, ocupa el cargo de presidente del Banco Central de Brasil. Henrique Meirelles es el primer brasileño que ha presidido la Cámara de Comercio Americana, y comparte un lugar en el New York City Investment con el magnate David Rockefeller, siendo el único extranjero entre sus 22 consejeros.

- Un ex-asesor del FMI, un hombre fuerte en el Forum Económico Mundial de Davos, y uno de los mayores empresarios paulistas de la agroindustria y gran exportador, Luiz Fernando Furlan, es el nuevo Ministro de Desarrollo de Industria y Comercio. Además, vinculado también al PSDB (aunque sin filiación).

- Para Relaciones Exteriores, Celso Amorin, un ex-Ministro de Itamar Franco y ex miembro del gobierno de José Sarney, también vinculado al PSDB, aunque sin filiación.

Sin duda la mayor apuesta que ha realizado Lula, el reto que ha recogido con mayor fuerza, es el de acabar con la situación de hambre que afecta a 44 millones de brasileños, según el gobierno. Nada mas llegar a la presidencia hubo 2 gestos claros de compromiso con este objetivo. El primero, fue el aplazamiento, durante al menos un año, de la compra de unos aviones caza valorados en cerca de 760 millones de $ para destinar los fondos al programa Hambre Cero. El ministro de Defensa, José Viegas, justificó esta decisión afirmando que "la atribución de las fuerzas armadas es la defensa del país, lo cual requiere equipamiento militar", pero también que "la defensa del país requiere una nación fuerte y sana". El segundo gesto consistió en la realización de un viaje de improviso en el que acompañado por 30 componentes de su equipo de gobierno, visitó tres pequeñas ciudades del nordeste, allí dijo que quería "que las personas pudieran tomar un desayuno, almorzar e ir a dormir con el buche lleno" y que quería con ese viaje que sus ministros "conozcan más de cerca la pobreza para que la recuerden cuando vayan a tomar una decisión".

El gobierno ha puesto en marcha distintos programas sociales para atajar los problemas más sangrantes que tiene actualmente Brasil. Detrás de cada campaña o programa específico hay un desafió tremendo. Por ejemplo, la campaña "Analfabetismo Cero" ha de hacer frente a una realidad de 20 millones de brasileños que son analfabetos, de los cuales el 70% tiene más de 40 años. El trabajo que hay por delante en este campo es enorme ya que como recordaba el profesor, Claudio Melo, que empezó un programa para alfabetizar inicialmente a 50 personas y que ya ha llegado a más de 30.000, "alfabetizar no es sólo enseñar a leer".

Otro programa es el "Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo" que pretende erradicar esa realidad especialmente en las zonas rurales del norte y centro-oeste del país. Según cifras oficiales, hay por lo menos 25.000 campesinos brasileños que viven como esclavos, hombres, mujeres y niños trabajando jornadas de más de doce horas, vigilados por hombres armados y sin cobrar ningún sueldo. Atraídos por la promesa de trabajo en muchas ocasiones acaban atrapados por una montaña insuperable de deudas, ya que se les cobra sumas exageradas por todo: desde un plato de comida, hasta el agua o el uso de las herramientas de trabajo. Durante los dos primeros meses de este año han sido liberados 841 trabajadores que estaban en esas condiciones y se les ha indemnizado con unos 300.000 $. Sin embargo, la lucha contra la impunidad en Brasil es otra larga batalla que tiene por delante el gobierno. Baste decir que de las 26 personas acusadas y detenidas por ese delito, sólo tres han sido condenadas y que hay personajes como el ex diputado Augusto Farias que está en libertad después de presentar un recurso de "habeas corpus" a pesar de que encontraron en su hacienda "Santa Anta Agropecuaria", en el estado de Pará, a 141 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud.

Pero el programa más ambicioso es el de "Hambre Cero" cuyo objetivo sería que "todas las personas en Brasil pudieran acceder a unas condiciones mínimas de vida que les permitieran vivir con dignidad. Principalmente a las dos más elementales: beber y comer, sin las cuales ningún ser humano puede vivir".

El gobierno sabe que 44 millones de brasileños y brasileñas, unos 9 millones de familias, pasan hambre, y también sabe que no son las guerras ni el SIDA lo que más gente mata en el mundo sino el hambre.

Se ha puesto en marcha una experiencia piloto distribuyendo una "tarjeta-alimentaria" que permitirá a 397 familias de Guaridas y a 500 de Acauá (dos pequeñas aldeas del estado nordestino de Piauí), retirar 50 reales mensuales, unos 15 dólares, para la compra de alimentos, no incluyendo este concepto ni el tabaco ni bebidas alcohólicas. La idea es que en el primer semestre de este año el programa cubra 195 municipios y a fin de año se aspiraba inicialmente a llegar al 20% de los 9 millones de familias que según cálculos del gobierno pasan hambre.

El programa, que está en fase de elaboración, pretende según el gobierno, no sólo dar de comer a través de comedores populares, meriendas escolares y bancos de alimentos sino abarcar una serie de medidas permanentes que combinadas con acciones de emergencia para atender a la población en situación dramática solucionen el problema definitivamente. Entre esas acciones plantean, para liberar a millones de brasileños de la "humillación" de sobrevivir con la donación de cestas básicas de alimentos: la creación de empleo, una educación de calidad, la reforma agraria, potenciar el cooperativismo, los microcréditos o la capacitación profesional.

Sin duda la cantidad de 15 $ al mes es claramente insuficiente, pero las decisiones macroeconómicas que han adoptado y la situación económica heredada han recortado las alas a la financiación de este programa, así como al resto de programas sociales.

De cara a mantener la orientación de esta iniciativa a nivel nacional se ha formado el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA). Está compuesto por más de 70 miembros, reuniendo a 13 ministros, expertos, delegados de organizaciones no gubernamentales y religiosas, líderes empresariales, sindicalistas y personalidades del mundo deportivo y cultural conocidas por su preocupaciones sociales. A semejanza del CONSEA nacional, se deben ir creando consejos a nivel estatal y municipal buscando conservar entre sus miembros una proporción de 2/3 de representantes de la sociedad civil organizada (priorizando entidades que actúan en el área de la seguridad alimentaria) y 1/3 de representantes del poder público.

En definitiva, el éxito de este programa, que sigue abierto en su definición y cuya implantación es más lenta de lo deseada, está, en buena medida, en manos del compromiso y la capacidad de movilización de la sociedad brasileña.

Como hemos dicho anteriormente, atajar todos los problemas sociales que se viven hoy en Brasil es una tarea ingente. A los ya comentados habría que añadir el fenómeno emergente del "crimen organizado" que ha tenido atemorizadas a barriadas enteras en Río, haciéndose preciso el recurrir a las fuerzas militares para patrullar las calles. Este fenómeno ya se ha cobrado la vida de 2 jueces en lo que va de año tras la captura de Fernandinho Beira Mar, un capo del narcotráfico brasileño detenido en Colombia en compañía de dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), unas compañías que en Brasilia no han gustado demasiado. La aparición de este tipo de mafias no es de extrañar si tenemos presente que "la ausencia culpable del Estado creó un vacío que fue rellenado por los traficantes. Ellos ofrecen trabajo, renta, subsistencia básica a millares de jóvenes para los cuales el Estado y la sociedad no ofrecen ninguna alternativa decente. Se organizó entre ellos otro pacto social, tácito, otro orden, otras leyes, el "Estado bandido".

Otro frente es el del medioambiente. Por ejemplo, el gobierno ha prorrogado por 5 meses la prohibición de dar nuevas concesiones para la tala de la caoba. Greenpeace calcula que desde hace unos cinco años han sido talados de la Amazonía unos 77.000 kilómetros cuadrados de caoba sin autorización y que según datos oficiales, el año pasado, sólo en el estado de Pará (norte), las autoridades se incautaron de unos 64.000 metros cúbicos de caoba cortados ilegalmente, toda una fortuna si se piensa que en Europa o en EE.UU. se puede llegar a pagar el metro cúbico a 1.600 $.

Lula consciente de ello ha seguido una estrategia de presión sobre ambas Cámaras al negociar previamente los contenidos con los gobernadores de los diferentes estados y haber conseguido el apoyo de todos ellos. Con este aval pretende obtener un apoyo que Cardoso no pudo conseguir anteriormente por la negativa entre otros del PT.

Haciendo una breve referencia a estas dos reformas cabe decir que han sido acogidas de distinto modo:

1.- La reforma tributaria se hacía necesaria si pensamos que actualmente hay 44 tasas diferentes en las 27 unidades federativas brasileñas, que a su vez tienen sus propias legislaciones en materia impositiva. El Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) que es el mayor impuesto en el país, representa casi un cuarto del total de la recaudación anual, se quiere sustituir por un impuesto que nos suena mucho, el Impuesto al Valor Añadido (IVA).

El ICMS además de tener legislaciones diferentes en cada uno de los 27 estados tiene una incidencia en cascada, es decir, se cobra en cada etapa de la producción sin descuento del valor cobrado en la fase anterior (tributos en cascada), siendo esto así, no es de extrañar que sea el principal blanco de las quejas de los empresarios ya que se encarecen los productos y la industria local pierde competitividad.

Sin embargo, su eliminación no es tan obvia ya que los gobernadores de los distintos estados se mostraban reticentes a esta modificación Por una parte, ese instrumento les permitió recaudar el año pasado la nada despreciable cifra de 30.000 millones de $, y por otra, esa media supone recortar su poder fiscal ya que los gobernadores podían cambiar el IMCS para atraer inversiones a sus estados, lo que ha generado verdaderas guerras fiscales entre estados. Pero Lula ha sabido ganarse el apoyo de todos los gobernadores ofreciéndoles el reparto de la recaudación del nuevo impuesto, el IVA, y garantizándoles que ningún estado perderá recaudación con los cambios de la reforma.

Otra modificación importante es la creación de una nueva escala para el Impuesto de la Renta, con el propósito de que los que más paguen sean los sectores más adinerados. Hasta ahora pagaban ese impuesto sólo las rentas mayores de 300 $ y había dos tramos: el 15% para los ingresos de hasta 600 $ y el 27,5% para los que superen esos ingresos. Ahora se propone cambiar los tramos de forma que los sectores con menos ingresos paguen menos y las rentas más elevadas paguen más llegando la tasa hasta el 35%.

2.- A diferencia de la reforma tributaria el proyecto de reforma del sistema de Previsión Social no ha tenido una buena acogida ni entre los sindicatos, ni entre sectores críticos del PT y menos aún entre los funcionarios públicos. Entre los aspectos que se critican caben mencionar: el aumento en siete años de la edad mínima para el retiro remunerado, grabándose con un 5% por cada año que se anticipe; se fija la jubilación máxima pagada por el sistema público en 800 $ mensuales; se acaba con la jubilación con sueldo íntegro para los funcionarios que ingresen al servicio público después de la reforma; se introduce un impuesto del 11% para aquellas pensiones que sobrepasen los 360 $, etc.

Si bien es cierto que era preciso corregir el deficitario sistema de pensiones públicas que costó al gobierno unos 15.000 millones de dólares el año pasado, todos estos recortes han levantado ampollas y han hecho que antes de cumplir los 100 días en el poder el gobierno haya afrontado huelgas de funcionarios públicos de sectores como la salud, la educación o la justicia.

Para no extender mucha esta reflexión sólo haré un breve apunte que afecta a la esperada reforma agraria. El Movimiento campesino de los Sin Tierra (MST) que dio al gobierno una tregua de 3 meses volvió a ocupar nuevamente fincas de grandes hacendados coincidiendo con las celebraciones del carnaval y recordaron que practicarán una política de "tolerancia cero al latifundio". Estas movilizaciones son un claro mensaje al gobierno, mas no han quedado sin contestación por parte de los grandes hacendados que en el estado de Paraná anunciaron que van a formar milicias armadas, que a modo de ejércitos particulares defiendan sus posesiones y derechos, en concreto anunciaron que el primer grupo se llamaría "Primer Comando Rural", nombre que inevitablemente recuerda a una de las mafias del narcotráfico que actúa en los mayores estados brasileños "Primer Comando de la Capital". Así que las cosas no se presentan como muy suavecitas para el gobierno, que tendrá que optar.

Lula ha pasado de ser demonizado por los mercados a recibir alabanzas sin fin por los estamentos más diversos del poder económico y político mundial:

- El primer comentario público que hizo el Tesoro de los EE.UU. con respecto a los proyectos económicos de Lula lo hizo el subsecretario del Tesoro, John Taylor. "Hay, claramente, muchas razones para tener esperanzas sobre Brasil". El plan de Lula "es responsable en cuanto a su énfasis en las reformas económicas en cuatro áreas clave: la política fiscal, política monetaria, política comercial y política estructural".

- El sub representante comercial de Estados Unidos, Peter F. Allgeier, dijo que el presidente George W. Bush está "sumamente optimista" por la forma en que se desarrollarán las negociaciones para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

- El presidente del Banco Mundial (BM), James Wolfensohn dijo estar "extremadamente impresionado" con los esfuerzos del gobierno de Brasil por reducir sus gastos y llevar a cabo reformas económicas.

- Koehler, director gerente del FMI dijo que la agenda planteada por el gobierno de Lula de combinar el crecimiento con la equidad social era "la agenda correcta, la dirección correcta, el objetivo correcto para Brasil".

Detrás de todas estas declaraciones, que a alguno le pueden sonar a formalismos, hay que añadir algunos datos significativos como: la revalorización del real frente al dólar (un 12% en lo que va de año y todo un respiro para la deuda externa que casi en su totalidad está contraída en dólares); una mayor demanda para los bonos; una caída de la tasa de riesgo medida por el Banco JP Morgan, que pasó de los 2.300 puntos cuando la victoria de Lula en los comicios de octubre se tornó previsible, a estar por debajo de los 1.000 puntos; un superávit comercial de 3.763 millones de $ en el primer trimestre de este año, más del triple que en igual periodo de 2002, y eso que estaba por medio el conflicto de Iraq; y una subida del índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Pablo del 6.75% en los primeros tres meses de gobierno.

Inevitablemente surge la pregunta: ¿Qué política económica ha generado tales elogios?

Se puede decir que hasta ahora Lula ha seguido una política económica bastante ortodoxa y para muchos continuista con la que llevó a cabo su antecesor Cardoso. No podemos olvidar que en agosto pasado tuvo que aceptar las condiciones que imponía el FMI para que fuese posible la concesión de un crédito a la asfixiada economía brasileña por valor de 30.000 millones de $, de los cuales Lula gestionará 24.000 millones si es un alumno aplicado. Firmar esta aceptación de condiciones junto a los otros candidatos a las presidenciales, recordemos que todavía no se habían celebrado los comicios, ha sido otro de los elementos que la izquierda tradicional más ha criticado a Lula ya que supuso hipotecar de antemano las posibilidades de hacer una política económica distinta.

Uno de los primeros y más representativos signos de este continuismo macroeconómico fue la elección de Henrique Meirelles, vinculado al partido de Cardoso y ex-presidente mundial del Banco de Boston, como nuevo presidente del Banco Central. Esta institución es la más importante de cara a la definición de la política económica ya que establece la política monetaria, la reglamentación y supervisión del sistema cambiario, así como de los movimientos de capitales.

En su discurso de investidura Meirelles expresó su identificación con la política de Amínio Fraga, su antecesor en el cargo y hombre que había trabajado para George Soros. Junto a eso ha defendido una mayor independencia del Banco Central, aspecto que el gobierno ha respaldado haciendo ante el Congreso una propuesta al respecto que ha sido muy criticada pues supone perder buena parte de la capacidad de control de la política económica desde el gobierno.

Meirelles y un buen grupo de cargos afines a las políticas liberales han marcado con sus decisiones algunas líneas importantes que han gustado a los mercados internacionales, en especial en lo referente a las tasas de interés bancarias y al superávit primario.

La inflación en el mes de enero subió un 2,25% cuando el objetivo del gobierno para todo el año era del 8,5%. Ante esta situación y tras largas deliberaciones el Banco Central de Brasil anunció su decisión de elevar su tasa de interés de referencia bancaria del 25,5% al 26,5% como medida para controlar la inflación y ya de paso aumentar significativamente los beneficios de las entidades financieras. Esta subida conlleva otros efectos negativos como la ralentización del crecimiento económico, pieza que era clave para las reformas del gobierno, y el incremento de los intereses por la deuda pública interna.

En febrero se anunció otra medida que tranquilizaba a los mercados respecto a la inequívoca voluntad del gobierno de cumplir con los pagos de la deuda: la subida de la meta del superávit primario (tasa que indica la cantidad de recursos que el Estado reserva para el pago de la deuda y sus intereses) del 3,75% acordado con el FMI al 4,25%. Esto supuso un recorte de 3.800 millones de $ del presupuesto anual afectando a todos los sectores, por supuesto también al social, recortando los fondos iniciales y haciendo que programas como el de Hambre Cero tuvieran que acabar manejando una ayuda mensual por familia de 15 $, o que el programa Saneamiento y Vida se viera casi estancado por falta de fondos, cuando hay 11 millones de personas en Brasil que no tiene acceso al agua corriente, y el saneamiento básico es una de las principales causas de la mortalidad infantil.

Esas apuestas tan drásticas por priorizar el control de la inflación y asegurar el pago de la deuda hicieron que la pregunta sobre cómo financiar los programas sociales de Lula, se convirtiera en la pregunta del millón. Sin embargo, recientemente el Comité Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un primer Préstamo programático para la reforma del sector del desarrollo humano en Brasil por valor de 505 millones de $, dando así un balón de oxígeno financiero al apremiado gobierno brasileño.

Junto a estas líneas de actuación el gobierno defiende la necesidad de trazar políticas activas, para la industria, para la agricultura y para los servicios. Políticas que han de estimular la competitividad y productividad para generar los millones de empleos que la población necesita.

Podríamos resumir a grandes rasgos lo anterior diciendo que la política del nuevo gobierno es una mezcla de desarrollismo, responsabilidad fiscal y control financiero, intervención estatal sin intervencionismo y lucha por la inclusión social, recurriendo para todo ello a la negociación y al pacto social.

Respecto al conflictivo Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, proyecto comercial para todo el continente americano, excepto Cuba, cuya finalidad sintetiza muy bien el Secretario de Estado norteamericano Colin Powell, "nuestro objetivo es garantizar para las empresas norteamericanas el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio", la postura defendida por Lula va en la línea de potenciar el MERCOSUR (compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y como miembros asociados Chile y Bolivia).

Dicho esto así cabría pensar que la línea que va a seguir pasa por suplantar con este último Acuerdo el proyecto del ALCA y que no se va a seguir negociando, pero las cosas no son así. En realidad se asume casi como inevitable el ALCA, la cuestión está en que hay que negociar para conseguir las mejores condiciones posibles, y eso simplemente se hace mejor desde un grupo de países que agrupan intereses.

Ante el chaparrón de recolonización política, económica y cultural que se les viene encima con el ALCA, Lula pretende reforzar todos esos lazos con los países vecinos, consciente de que unas negociaciones llevadas a nivel estrictamente bilateral con EE.UU. suponen prácticamente la aceptación de unas condiciones que cuando menos suponen una fuerte pérdida de soberanía para los estados miembros frente a EE.UU. y su poderío económico-productivo-comercial.

La falta de radicalidad en ciertos aspectos de la política económica del gobierno que preside Lula han hecho que empiecen a levantarse voces entre la sociedad civil como la de un grupo de 34 ciudadanos brasileños notables, entre ellos el ex arzobispo de Sao Paulo, cardenal Paulo Evaristo Arns, y el cantor Chico Buarque, que han emplazado a Lula a que convoque un referéndum sobre la incorporación al ALCA y la independencia del Banco Central. "Según nuestro entender, el ALCA y la autonomía del Banco Central son cuestiones innegociables, pues se refieren a la intocabilidad de la soberanía nacional", y "unas decisiones de tal magnitud deben ser tomadas por el detentador de esa soberanía: el pueblo brasileño", decían en su declaración.

Para finalizar y buscando extraer algunas conclusiones de todo lo dicho creo que sería bueno intentar afrontar una vieja pregunta:

La respuesta no es fácil si se tiene presente que el discurso de Chávez en la vecina Venezuela provocó la salida de más de 3,500 millones de $ y originó 2.5 millones de nuevos pobres. Pero tampoco lo es la situación de Brasil, un país donde 44 millones de personas pasan hambre, y en el que a pesar de que las cuentas del Estado (entradas fiscales menos gastos) alcanzaron en los últimos 12 meses un superávit record de casi 50.000 millones de reales, el balance final es que Brasil y sus gentes son un poco más pobres que el año pasado porque a ese superávit hay que descontarle 130.000 millones de reales para hacer frente a los gastos de la deuda y sus intereses.

Lula ha intentado jugar la baza de presentarse como revolucionario en lo social con su programa de Hambre Cero pero su política económica lo sitúa hoy por hoy en el reformismo y entiendo que él es consciente de esto cuando afirma eso de que este año harán lo que se pueda, para al año que viene empezar a hacer lo que quieren.

Jugando con el slogan electoral de Lula: "Luinha paz y amor", se le ha recordado al nuevo presidente que la paz y amor con el mercado es guerra contra los trabajadores; que no es posible reformar el ALCA aunque para ello se presione potenciando MERCOSUR, que no caben buenas negociaciones con el FMI...

Lo cierto es que cuando Lula diseñó su programa el panorama internacional no estaba como para tirar cohetes. Los acontecimientos del 11 de septiembre habían puesto en marcha un proceso de reordenamiento del sistema internacional caracterizado entre otras cosas por la fuerte reducción de los espacios para llevar adelante políticas progresistas y mucho menos revolucionarias. Pero, por otra parte, no se podían olvidar las rebeliones campesinas en Bolivia en abril y septiembre del 2000, el levantamiento campesino, indígena y popular en Ecuador en enero de 2001 que obligó al entonces presidente a renunciar. Las jornadas de denuncia de diciembre de 2001 en Argentina, la lucha del pueblo venezolano contra el golpe de Estado en abril, las recientes movilizaciones en Perú, Uruguay y Paraguay...

A Lula no se le puede echar en cara el haber carecido durante su historia política de un discurso revolucionario, de enfrentamiento contra las grandes instituciones locales e internacionales, de hecho los mercados desconfiaron de sus intenciones hasta el último momento, es mas, ese discurso le costó la derrota en los tres comicios anteriores. Nos guste o no, las urnas sólo le han dado el cargo presidencial cuando ha cambiado su discurso revolucionario por uno de audaz reformismo.

Aceptando esto como punto de partida la cuestión en este momento pasa por garantizar que la cordura seductora del sistema no ahogue lo que de bueno hay en su proyecto de cara a la mejora del pueblo brasileño porque son muchas las experiencias reformistas que tras la tormenta posibilista han acabado en el inmovilismo y en la derrota. Sabemos que decenios de reformas socialdemócratas en Europa no han servido para superar el capitalismo y que no han cambiado el corazón del sistema, pero si Lula consigue que los 44 millones de brasileños que pasan hambre alcancen unas condiciones dignas de vida, y eso es comer 3 veces al día y más cosas, ya hablaremos de revolución en las próximas elecciones.

Sean realmente audaces en sus reformas laboral, política, tributaria, agraria y de prestaciones sociales, eso ya les va a generar bastantes quebraderos de cabeza; no firmen más hipotecas de las que ya tienen y esto va especialmente por el ALCA; articulen y promuevan una sociedad civil fuerte, organizada, que les sepa pedir cuentas; extiendan la participación ciudadana, potenciando experiencias autogestionarias, promocionando al pueblo para que lo revolucionario vaya teniendo un hueco cada vez mayor y nunca olviden que el progreso local es condición necesaria pero no suficiente, que el reformismo puede dar respuestas transitorias de puertas para adentro pero que la solidaridad no sólo con los pobres brasileños sino con los pobres de todo el mundo exige cambios estructurales, cambios revolucionarios.

Ojalá que el nuevo gobierno sepa hacer del poder, servicio; no pierda la capacidad de autocrítica y escucha y que cultiven la simpatía (sufrir-con) con el pueblo, sin esto la decepción llenará otra página en la historia de un continente que merece otro presente y otro futuro.

Joaquín García