En los últimos meses, a caballo entre el fin del año 2002 y comienzo del 2003, en plena crisis del Prestige, el gobierno PP encuentra la fórmula para sacudirse el acoso de la ciudadanía por los desastres del hundimiento del petrolero. La salida fue proponer medidas en clave antiterrorista, que supone, por un lado, echar más leña al fuego en el conflicto vasco, pero por otro, busca conseguir buenos réditos electorales en el resto del estado. Además, una batería de reformas en el ámbito penal que haría frente, según sus promotores, al incremento de la delincuencia común.

El anteproyecto de Ley sobre cumplimiento integro y efectivo de las condenas, modificaría el art. 76 del Código Penal, y contempla la elevación de las penas máximas de prisión de 30 a 40 años. Si bien la reforma la propuso el partido en el gobierno, el partido mayoritario de la oposición, tras una primera respuesta quejándose de que el PP había incumplido el Pacto por la Justicia y de haberles dejado de lado en algo tan trascendente, acabó exponiendo una reserva a la reforma más técnica que política.

El responsable de Justicia del PSOE, tras llegar a acuerdo con el PP en la materia, manifestó que dicha medida equivalía a la cadena perpetua y a continuación matizó que será así, pero sólo para aquellas personas que no se arrepientan.

En consecuencia, la única discrepancia radica en " aspectos técnicos " ( según palabras de los propios representantes del PSOE ) en la aplicación de los beneficios penitenciarios, que pasarían por la " renuncia expresa a la violencia, el aporte de información que se disponga para impedir la comisión de nuevos hechos delictivos, solicitar el perdón de las víctimas, comprometerse a resarcirlas económicamente y que haya informes técnicos que reflejen el arrepentimiento ".

El Código Penal de 1973, contemplaba un periodo total de cumplimiento de unos 13 años, una vez aplicada la redención de pena, por una condena de 30 años.

El Código Penal de 1995,contemplaba un periodo máximo de cumplimiento de 20 años, por una condena de 30 años y el anteproyecto de ley que se propone, prevé un tiempo total de cumplimiento de casi 27 años, por una pena máxima de 40 años.

La modificación de la regulación referida a la libertad condicional, supondría modificar el art. 90,1 del Código Penal de 1995, y se accedería a ella sólo si la persona condenada manifiesta arrepentimiento, proporciona información a las autoridades o ayudan a impedir o atenuar los efectos del delito o a identificar o procesar a otros autores del delito o encontrar pruebas o impedir que se cometan otros delitos.

El endurecimiento de la legislación penal y la llamada a la delación o al arrepentimiento o a la colaboración con las autoridades de las personas condenadas, supone una auténtica contrarreforma que está ignorando y vulnerando directamente el mandato constitucional de la función resocializadora de las penas privativas de libertad.

El anteproyecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que revisará la prisión preventiva y las condiciones de concesión de la libertad provisional, endurecerá aún más el nuevo marco legislativo penal que se prepara para los próximos tiempos.

Las personas acusadas de pequeños actos delictivos o los acusados de actos de kale borroka permanecerán encarcelados hasta la celebración del juicio. En el anteproyecto figura que, además de la sospecha de fuga y del riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, se añade el " evitar la comisión de nuevos hechos delictivos ". Esta medida implicaría la modificación del art. 503, 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este proyecto de reforma, de confirmarse, supondría la eliminación de facto de la libertad provisional. A la vez se incrementaría el número de presos.

El Tribunal Constitucional, viene manteniendo que " para mantener la prisión provisional, hay dos condiciones imprescindibles para ello: el riesgo de obstrucción a la acción de la justicia mediante la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga ". La reforma de la LECr permitiría mantener la prisión provisional más allá de esos dos requisitos.

La doctrina del Tribunal Constitucional, está basada en otras resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un Dictamen de 29 de septiembre de 1997, el TC dice que " El mantenimiento de la prisión provisional con base exclusivamente en la gravedad de los hechos

investigados, sin referencia alguna a las circunstancias personales del imputado ni del caso concreto, se muestra insuficiente ". La reforma, por tanto, es claramente contraria a lo mantenido por el TC.

Incluso en las ocasiones que se pueda alegar la reiteración del hecho delictivo para mantener la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha manifestado que no se puede poner en el mismo plano esa circunstancia con los dos requisitos que fija como imprescindibles. La contempla como motivo complementario, por lo que no cabría aplicarla como factor que justificara por sí sólo la imposición de una medida tan grave.

Desde luego, a nadie se le escapa que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, quedaría reservado al trascurso del juicio. Desaparecería en el resto del proceso judicial. Una persona podría estar encarcelada durante cuatro años y luego en el juicio ser absuelto por falta de pruebas.

Como otras medidas anunciadas por el ejecutivo, en plena vorágine de anuncios espectaculares en los medios sobre reformas legislativas en el orden penal, en unas semanas que la ciudadanía recibía un anuncio de reforma en esta materia cada pocos días, se anunciaron nuevas medidas de recortes de derechos ( mejor dicho de carencia de derechos ) para los trabajadores inmigrantes, o el anuncio de que cada cuatro faltas cometidas ya se considerará delito o el correlativo anuncio de más centros penitenciarios, que " guardarán " el incremento de presos preventivos o definitivos en las nuevas cárceles que a buen seguro se construirán.

Las reformas promovidas por el PP, profundizan la política de criminalización de la exclusión y la pobreza. La reforma supone tolerancia cero hacia el pequeño delincuente, incrementándose la represión hacia los sectores sociales más desfavorecidos. Desde luego, la reforma tiene un claro sesgo clasista, xenófobo y de profundizar la exclusión social. La delincuencia, como una clara expresión de los conflictos sociales, requiere una solución que ponga el énfasis en lo social, no en la vía policial o carcelaria.

Los mass media, siempre buenos defensores de los intereses de los poderosos, trasmiten a la sociedad una información ( mejor dicho propaganda ) llena de datos inexactos, cuando no falsos, sobre el incremento de la criminalidad , con el fin de señalar a los sectores sociales excluidos como culpables de los males existentes. Por encima de todos los sectores más desfavorecidos, sin duda, los inmigrantes.

Además, el conjunto de reformas promovidas por el gobierno del PP, supondrá un mayor hacinamiento en las prisiones, ya de por sí masificadas por los efectos derivados del Código Penal de 1995.

De acuerdo con las constantes denuncias de las organizaciones de apoyo a las personas presas, las pésimas condiciones que existen en las cárceles del estado español en materia de protección de los derechos fundamentales, en el trato a las personas, en la salud, etc... tanto en las cárceles antiguas o las nuevas, incrementará de manera muy peligrosa el nivel de conflictividad y la violación de los derechos fundamentales de las personas en las cárceles.

Los aspectos esenciales de las reformas impulsadas por el gobierno, son contrarios a los derechos humanos de las personas presas así como a la normativa internacional sobre derechos humanos y la propia constitución del estado español.

En este sentido, hay que resaltar de manera muy crítica la inhumanidad de las penas de prisión hasta los 40 años ( se vuelve en esta materia a la etapa preconstitucional ) o las exclusiones de acceso al tercer grado penitenciario o las condiciones de la nueva libertad condicional con unos plazos que hace imposible la finalidad constitucional de la pena en su faceta rehabilitadora o la extraordinaria penalización de la reincidencia o el fuerte incremento de penas para muchos delitos o la generalización de la prisión provisional o el trato vejatorio generalizado hacia las personas inmigrantes, etc...

La consigna del gobierno del PP, de " Mas seguridad ", ( idéntico al lema central de la campaña global del presidente norteamericano buscando su hegemonía imperial a cualquier precio ) se refiere, sobre todo, a la seguridad para el orden establecido, los negocios y la libertad (básicamente de empresa) a costa del incremento de la represión hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Se utiliza a la ciudadanía como coartada para el recorte de derechos y libertades. Más protección y seguridad ( del orden económico y político instituido ) a cambio de menos libertad y derechos de la ciudadanía en general y los sectores desfavorecidos en particular.

De hecho, en la presente campaña electoral a los ayuntamientos o a ciertas comunidades autónomas, los candidatos, sobre todo los de la derecha, ofrecen un montón de cárceles a la ciudadanía en sus programas. Un ejemplo de esto, lo encontramos en la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha repetido hasta la saciedad que va a construir varias cárceles.

El lema electoral central del Partido Popular de "Más seguridad" arroja pocas dudas de las intenciones futuras del partido del gobierno en materia de libertades y derechos.

En lo que sí compiten con ahínco las opciones mayoritarias es en prometer más policía en las calles, ante el alarmante incremento de la criminalidad que nos cuentan unos y otros. Mucha más policía. A la oferta de policías de una parte ( ya sean nacionales, municipales con funciones de nacionales, privados, etc...) contesta la otra con "... Y yo más ".

Lamentablemente, no se visualiza una competencia tan vehemente en las ofertas de contenido social para la ciudadanía. No se tiene la voluntad de trabajar por la necesaria inclusión de la política en esta materia en las medidas políticas sociales, educativas, laborales. Se constata, al contrario, una línea continuista al apostar por soluciones policiales y de recorte de derechos y libertades ante los problemas sociales.