CULTURA PARA LA ESPERANZA número 53. Otoño 2003

OMC, Unión Europea y Movimiento Antiglobalización

El Acuerdo sobre Agricultura de la OMC y la Política Agraria Común de la Unión Europea, dos caras de la misma moneda

La "Ronda del Desarrollo" de la OMC que se inició en Doha (nov. 2001) tras el fracaso de Seattle, prometía reactivarse en la V Reunión Interministerial de Cancún (10-14/sep./2003), profundizando la orientación neoliberal de la Ronda de Uruguay¹, última Ronda del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), antecesor de la OMC. Bajo esta orientación, con la tercera Reforma de la Política Agraria Común (PAC), la Unión Europea (UE) pretendía mejorar su posición negociadora frente a Estados Unidos, en base a la ruina de las pequeñas explotaciones agrarias, el despoblamiento del campo, la precariedad del trabajo, la contaminación y la comida basura. Tras un año de negociaciones, la UE aprobó el 26 de junio de 2003, una nueva reforma de la PAC, en un escenario caracterizado por la ampliación de 15 a 25 países miembros, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Cumbre de Ámsterdam, 1997) para posibilitar la moneda única² y las rondas de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La Declaración de Doha progresa en la dirección y objetivos de anteriores rondas: mejoras sustanciales en acceso a los mercados (mediante la reducción de las medidas de protección frente a importaciones); rebaja de todas las formas de subvención a la exportación con tendencia a su eliminación (subvenciones o créditos a la exportación, pero también licencias de exportación de empresas públicas, ayuda alimentaria); y reducciones sustanciales de ayudas internas causantes de distorsión al comercio. También ratifica el marco para la negociación (acuerdo de modalidades y plazos; negociación plena –no se acuerda nada hasta que todo esté acordado-). Sin embargo, existen muchas controversias vinculadas a los criterios, bien de protección de medio ambiente y la salud, bien técnicos, bien de derechos humanos. Es lo que se ha dado en llamar "preocupaciones no comerciales" de las que la Declaración "toma nota". Entre ellas cabe mencionar, el rechazo de la UE a la importación de carne hormonada de EEUU o a los alimentos transgénicos; la presión sobre los países empobrecidos para que reciban ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, cuando se trata en realidad, en los países desde donde es exportado, de excedentes o alimentos transgénicos no queridos por el mercado. Pero, la liberalización del comercio de productos agrícolas se ocupa, principalmente, de forzar la convergencia de los precios de los productos agrícolas con los precios agrícolas del mercado mundial, condicionados por la implacable competencia de la producción industrial de alimentos, supeditando las cuestiones no comerciales (incluida la seguridad alimentaria y el desarrollo rural). Lo importante es no provocar distorsiones en la competencia.

La PAC dice defender una agricultura propia que mantenga las rentas de los agricultores, respetando el medioambiente y la seguridad alimentaria, como quieren ciudadanos y contribuyentes. Pero, en sus hechos, la PAC habla el lenguaje de la circulación de las mercancías y no el lenguaje de la agricultura campesina, del territorio o del desarrollo rural. Si nos fijamos en su estructura central, acordada en el Tratado de Roma (1957), que en lo esencial no ha variado, se vincula a la normativa de comercio internacional y al mercado mundial. Se articula mediante las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs) donde, a través de la regulación de la producción de las mercancías agrarias, se estructuran los sectores agrícolas y ganaderos, propiciando con ello el fraccionamiento y la contraposición de intereses de los distintos actores en la producción, distribución y consumo de alimentos. Esta regulación se dirige a favorecer la posición de los productos agrarios europeos tanto en el interior de la UE, como hacia el exterior: intervención en los mercados, para garantizar un precio mínimo; derechos de aduana, para proteger de la competencia a las mercancías propias en el mercado interior, y restituciones a la exportación, para mejorar la competitividad de las mercancías propias en el mercado exterior.

Los mecanismos de intervención son de varios tipos: A) Los precios de intervención son compras públicas. Garantizan un precio mínimo cuando el precio de mercado cae (buena cosecha, mayor productividad o importaciones a bajo precio). Las caídas de precios afectan menos a las explotaciones mayores e intensificadas. Como alternativa que alivie el gasto público de intervención, queda la financiación de almacenamiento privado (esperar mejores precios para vender). Pero las pequeñas explotaciones no siempre pueden esperar una mejor coyuntura. B) Los derechos de aduana constituyen, de hecho, una elevación del precio al que se venderán los productos procedentes del exterior. C) Las restituciones a la exportación benefician a los operadores internacionales, multinacionales en su mayoría. Facilitan la exportación con compensaciones por precios "mundiales" más bajos. Por efecto de estas subvenciones los precios internacionales descienden por debajo de los precios de producción de los países donde van destinados. Arrasan la producción local de los países con menor desarrollo tecnológico capitalista. D) Los límites a la producción (cuotas, retirada de tierras) son otro mecanismo de la PAC, menos destructivo, destinado a frenar la caída de los precios y especialmente, a reducir los excedentes (producción mayor de lo que absorbe el mercado interior y no puede ser colocado en el exterior). Pero define el volumen a producir, no la forma. Unido a la bajada de precios, favorece la concentración de la producción y la propiedad, así como la deslocalización (traslado de la inversión productiva a otro país o región donde sea más rentable). Beneficia a los miembros más antiguos, que invaden el mercado de los nuevos y a las explotaciones mayores y más capitalizadas, a costa de las explotaciones más pequeñas y con menor poder económico. Fomenta la intensificación y el aumento de la productividad, que realimentan los excedentes y la bajada de los precios, por delante de la salud de l@s consumidor@s y de la Tierra, fuente de toda vida. En la carrera para permanecer, las explotaciones menos competitivas (en términos económicos) quedan arruinadas. Ninguna de estas medidas beneficia a la agricultura campesina de dentro o fuera de la UE. Al contrario, está siendo desplazada cada vez más por el modelo de empresa agraria al considerarse sólo los aspectos económicos, lo que contribuye al desprecio a los factores en los que es más ventajosa: arraigo social y cultural en el territorio; producción con el menor coste energético posible y con una mayor utilización de trabajo humano; y empleo de la sabiduría local tradicional, su conocimiento del clima, suelo, plantas y animales, para extraer los mayores rendimientos en productos alimenticios, con el mejor equilibrio posible para la recuperación de la fertilidad de la tierra.

Al principio, las OCMs se constituyen básicamente para cereales, leche y carne. Actualmente regulan el 90% de las mercancías agrarias. Los distintos mecanismos de intervención y regulación de los mercados se utilizan para controlar las caídas de precios por aumento de excedentes o por importación. Pero la verdadera vocación de esta política agraria es la exportación (única política supraestatal aceptada y costeada con un presupuesto comunitario en el Tratado de Roma). El mercado único de la UE elimina las fronteras internas y obliga a una homogeneización de las condiciones de producción-distribución-consumo. Es decir, la explotación agropecuaria que no da la talla, desaparece.

En la Reforma de la PAC de 1992 se tuvieron en cuenta criterios medioambientales y sociales, y se introdujeron las ayudas directas³, en compensación al recorte de los precios de intervención impulsados en la última Ronda del GATT. Cuando las ayudas de apoyo a los mercados interiores (precios de intervención) se desdoblaron pagando una parte en ayudas directas, quedó claro que la PAC ayudaba más a las explotaciones más grandes y con mayor renta. Como se cuestionaba el crecimiento del gasto comunitario, pero también el reparto injusto de las ayudas, la propuesta de reforma de 1992 incluyó la Modulación de las ayudas directas (que no estaban vinculadas al precio sino a la superficie y a las cabezas de ganado). La modulación significaba reducir las ayudas directas de forma progresiva, según el tamaño de la explotación. Se completaba además, con un tope por explotación (fijar una cantidad máxima de ayuda por explotación, sumando las distintas ayudas directas aplicables, ya que pueden recibirse ayudas directas por varios cultivos o ganados). Aunque se propuso la modulación de estas ayudas directas como criterio de redistribución social, este aspecto fue eliminado del acuerdo definitivo. Los aspectos medioambientales y las medidas para la recuperación del medio rural se quedaron en medidas de acompañamiento, sin ser objeto de cobertura total por el presupuesto comunitario (al acabar siendo cofinanciadas –los estados aportan entre el 25% y el 50% del coste presupuestario-) y detrayendo actualmente tan sólo el 10% del gasto agrario⁴.

En la actual reforma de la PAC, se han hecho cambios en algunas OCMs profundizando la Reforma de 1992, para seguir reduciendo los precios de intervención, limitar la producción o modificar la retirada obligatoria de tierras. La gran transformación es el desacoplamiento (parcial) de las ayudas a la producción⁵ y la modulación de las ayudas directas. En la propuesta inicial de julio de 2002 venía acompañada de topes por explotación, retomando el espíritu redistributivo de la propuesta inicial de reforma de la PAC en 1992. Los ahorros conseguidos con la modulación y los topes por explotación, se trasladarían a las medidas de apoyo al desarrollo rural (medidas agroambientales, forestación, modernización de explotaciones, cese anticipado, incorporación de jóvenes) para paliar su pálida presencia en el gasto agrícola.

La PAC ha ido desvinculando progresivamente las ayudas de la producción, maquillando y ocultando todos sus elementos negativos: productivismo en detrimento del empleo, la calidad y la seguridad alimentaria; abandono y despoblamiento del medio rural; destrucción del medio ambiente; ausencia de criterios sociales y de cohesión que justificaran su financiación pública. Comienza en 1992 con las ayudas directas, calculadas en base a rendimientos y relacionadas exclusivamente con tamaño, productividad y competitividad de las explotaciones. Se consolida en la Agenda 2000⁶ que establece el presupuesto comunitario 2000-2006 y extiende este mecanismo de compensación de rentas a la mayoría de las OCMs. En la reforma actual, adquiere una forma transfigurada y aparentemente autónoma de la producción. Mediante una única ayuda por explotación que agrega todas las ayudas directas, se borra el rastro del cálculo de la prima, desfigurando el origen de una asignación que premia a las explotaciones más grandes, más rentables, más contaminantes, más destructoras del medio rural, más intensivas en capital y más ahorrativas en salarios.

De la modulación ha quedado sólo el nombre. Es un recorte lineal para todos del 3% en el primer año, 4% en el segundo y 5% en el tercero. No pretende ningún mecanismo redistributivo (de la propuesta inicial se han eliminado los topes por explotación y el condicionamiento al trabajo empleado), aunque exima del recorte a las explotaciones que perciban menos de 5.000 euros. Su finalidad es contener el gasto y desviarlo a los programas de desarrollo rural⁷ (no considerados distorsión del comercio por la OMC). Pero no se aprovecha para redistribuir los fondos ahorrados hacia regiones más desfavorecidas y con mayor necesidad de apoyar el desarrollo rural en otros Estados miembros. El 80% de los ahorros de la modulación se quedan en el propio país. Las nuevas ayudas para subvencionar auditorias ambientales<SUP>8</SUP> pueden rembolsar dichos fondos, bajo otro concepto, a las explotaciones más grandes, más contaminantes y más competitivas.

Si el apoyo se otorga por las dificultades de los más débiles para sobrevivir, en un contexto obligado por la OMC de importación de alimentos a bajo precio, es contradictorio ayudar más a quienes están mejor preparados para enfrentar el golpe. Incluso si se apoyara, en la misma magnitud, a todas las explotaciones, grandes y pequeñas, capitalizadas y descapitalizadas, la consecuencia sería la desaparición de las explotaciones de menor escala, contribuyendo a acelerar el ciclo, siempre insuficiente, de la competitividad⁹.

Los actuales miembros de pleno derecho de la UE impiden la aplicación de un mecanismo solidario con los de nuevo ingreso. La negociación con los 10 nuevos países miembros ha disminuido su derecho a percibir las ayudas directas. En el primer año (2004) percibirán el 25% de dichas ayudas, creciendo de forma progresiva. Sólo en el año 2013 alcanzarán igual respaldo que los demás miembros de la UE. Se retrasa el ingreso de los dos países aspirantes con mayor sector rural y menor renta (Bulgaria y Rumania) hasta 2007. Así se restringe el gasto presupuestario y la posible competencia al interior de una UE ampliada. También se afianza la reconversión de la agricultura de los nuevos miembros (eliminación de explotaciones y de población activa agraria). Como daños colaterales ya están emigrando campesinos polacos y rumanos para trabajar, en condiciones de esclavitud y clandestinidad, en las explotaciones hortofrutícolas de la UE que, plegadas a las exigencias competitivas de la gran distribución, precisan un ejercito de reserva disponible¹⁰.

La lógica de la PAC desde su inicio, es la misma que la de la OMC: la modernización de la agricultura para el aumento de la productividad, anteponiéndolo a cualquier otra razón (social, ecológica, territorial, de seguridad alimentaria y de solidaridad). Al igual que la OMC, la UE pone en segundo plano las "preocupaciones no comerciales". La dinámica real consiste en el abaratamiento de costes mediante la precarización de las condiciones laborales y el abatimiento de derechos sociales y ciudadanos; creciente uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, hormonas y antibióticos en los piensos y promoción de semillas y alimentos transgénicos, en un contexto de mayor contaminación y riesgos sobre la salud humana cada vez más documentados científicamente. Aunque el uso de abonos descendía en los noventa, ha vuelto a repuntar. El consumo anual de plaguicidas no para de crecer desde 1996¹¹. Una vez que se haya fortalecido toda la normativa reguladora de autorización, control y etiquetado de los transgénicos, la UE estará en disposición de abrazar las ventajas de la tecnología y podrá abandonar su moratoria sobre los mismos. La ecocondicionalidad¹², vinculada a los programas de las OCMs, se limita al cumplimiento de la normativa medioambiental, de seguridad laboral y alimentaria. No incorpora nuevos compromisos para revertir la dinámica de deterioro de las condiciones sociales, medioambientales y sobre la salud.

A pesar de las apariencias, la PAC no constituye una política social, sostenible, que defienda la seguridad alimentaria, que impulse un mundo rural vivo y que proteja un modelo de agricultura vinculado al territorio y cohesionado al interior de la UE, aunque mantenga aún una cierta distancia con países como EEUU que han aplicado un modelo de modernización mucho más agresivo¹³. Más bien, la Unión Europea utiliza la PAC como instrumento de la globalización para la liberalización del comercio de mercancías alimentarias. Sus reformas han secundado las políticas internacionales como si fuera una condición "inevitable", impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares y comunitarias de dentro y fuera de la UE. Pese a su retórica, no es una política distinta de la que, para la agricultura, promueve la OMC. No propicia la soberanía y seguridad alimentarias de las sociedades europeas, sino la competitividad del Bloque capitalista de la UE frente al de EEUU.

La falacia de las ventajas del libre comercio¹⁴ se desmonta con sólo observar al interior de la UE, en un mercado único, los efectos de la competencia en condiciones de productividad desigual y especialmente, en las adhesiones de nuevos miembros. A España el ingreso en la UE le costó eliminar un millón de agricultores entre 1986 y 2002 (el 50% del total) y la sangría aún no ha terminado. La liberalización del comercio tampoco proporciona ventajas de seguridad alimentaria, ni desarrollo rural a los países pobres. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional¹⁵, "la eliminación de las ayudas nacionales y de todos los derechos de aduana sobre la agricultura en general, favorecería a los grandes productores de los países desarrollados y a unos cuantos productores de algunos países en desarrollo más avanzados (fundamentalmente EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina) a expensas de una mayor inseguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales, de muchos países en desarrollo y desarrollados".

Liberalizar el comercio no ofrece seguridad alimentaria a los consumidores. El descenso de los precios de las materias primas agrarias en más del 50% desde 1960, no ha disminuido la deuda externa ni el hambre en los países empobrecidos. Por el contrario, han crecido la desnutrición y la mortalidad por enfermedades evitables, fruto de subordinar a la economía, el derecho a la salud y a una alimentación suficiente y de calidad¹⁶. La solución que proporcionan, tanto la OMC como la UE, a los problemas que origina el mercado es mercado global, es decir, más mercado. Los intercambios comerciales de alimentos en los últimos 40 años han pasado del 7% al 10% de la producción mundial. Aunque se ha triplicado el volumen de comercio internacional y duplicado los flujos de la mayoría de las categorías de mercancías alimentarias, eso no implica que se importe lo que no se produce y se venda lo que se produce en exceso. En la práctica, este incremento supone un mismo tipo de productos atravesando las fronteras en ambas direcciones¹⁷. Posiblemente sean más baratos los importados que los propios, aunque no necesariamente. Pero es seguro que aumenta el coste de su transporte y la distancia recorrida, con el consiguiente incremento de consumo de combustibles, envases, embalajes, refrigeración y pérdida de la frescura y calidad nutritiva de los alimentos. ¿Alguien puede afirmar razonablemente que es más barato, sano y sostenible un producto que ha viajado 15.000 km que uno procedente de la producción local? Esta lógica obliga a la bajada continua de los precios pagados a los agricultores, con un aparente beneficio para los consumidores, mientras se alarga, concentra y verticaliza el sector agroalimentario, bajo el dominio de la distribución a gran escala que extorsiona a productor@s y consumidor@s. Los controles de calidad y trazabilidad en un intercambio de largas distancias se complican, encarecen, y convierten en un gesto formal. Sólo la gran distribución gana con el consumo global.

Aunque en el seno de la OMC, la Unión Europea y los EEUU, entre otros, protagonizan múltiples confrontaciones y luchas de intereses, ambos tienen en común la defensa de la misma lógica social, depositando en el mercado, cuyo paradigma es la persecución del interés privado por encima de todo, la resolución del resto de las dinámicas sociales. El comportamiento de las políticas de producción de alimentos, protección a la salud y defensa del medioambiente en EEUU y Europa son diferentes, pero sólo porque el contexto cultural y político es diferente y la lógica mercantil debe adaptarse al medio para garantizar su avance. Ambos modelos se basan en la mejora de competitividad que obliga a un continuo crecimiento de la producción y distribución a gran escala. Se abaratan los precios, únicamente porque dichos precios no integran los costes sociales y ecológicos que causa la globalización de la agricultura y la alimentación. Cuando las multinacionales europeas, incluidas las españolas, operan en los países empobrecidos o dependientes podemos observar la misma brutalidad e inhumanidad que practican las multinacionales norteamericanas.

Ante la V Reunión Interministerial de Cancún se han hecho diversos llamamientos a la movilización en el Estado Español para oponerse a la cumbre y a sus objetivos de profundizar la liberalización del comercio agrícola y de los servicios. En algunos textos pueden observarse dos grandes vacíos. Por un lado, la falta de alusión al mecanismo que impulsa la globalización de la agricultura y la alimentación aquí y ahora, la PAC, y sus consecuencias (despoblamiento del campo, contaminación ecológica e inseguridad alimentaria, extinción de agricultura y cultura campesina de bajos insumos, generalización de la comida basura y consumismo despilfarrador e irresponsable; control multinacional de la alimentación como un negocio; paro, precariedad, inmigración forzosa, arrasamiento de los derechos humanos elementales para trabajadores del campo y personas inmigrantes ...). Por otro lado, estas iniciativas obvian la expresión del ejército popular, pacífico y propositivo de millares de personas que colectivamente construyen alternativas de producción y vida al margen del mercado global, de pequeñas explotaciones campesinas agroecológicas que, en diálogo, a veces complejo, con redes de consumidor@s urban@s responsables, rompen el antagonismo producción-consumo. Estas alternativas constituyen la única fuerza real para invertir el proceso.

Consecuencia de la primera ausencia es que puedan ser los globalizadores de aquí quienes nos movilizan. El PSOE y sus aledaños, los grandes sindicatos que dicen "sí, pero..." a la Europa del Capital y de la PAC y las grandes ONGs que, a veces con gran sacrificio y comportamientos heroicos, gestionan importantes recursos otorgados por el estado, para el mercado de los excluidos por la globalización. Existe la posibilidad de que todo este bloque que puede llamarse "socialdemocracia" o "progresía", se constituya en fuerza opositora y nos ponga a trabajar para ellos, cuando a ellos sólo les preocupa quién lleva el timón y no el rumbo. Por otro lado, la ausencia y el ninguneo de quienes cada día combaten los efectos de la globalización en la producción, distribución y consumo de alimentos, creando espacios reales, alternativos al mercado global, favorece la consolidación de una burocracia sobrevenida, funcional para que el bloque socialdemócrata recupere y controle el naciente Movimiento Antiglobalización, privándole de su capacidad transformadora.

Hay que defender la soberanía alimentaria desde la expresión de los colectivos sociales que la practican a diario y no en su nombre, desde la articulación de las múltiples experiencias reales y organizaciones sociales que, aquí y allá, defienden un mundo rural vivo y hacen posible la producción, distribución y consumo responsable de alimentos al margen del mercado global, aunque sea empujando desde sus márgenes. Desde el grito de dolor de las personas perjudicadas por la globalización y sus consecuencias modernizadoras; desde la organización de su respuesta, articulada y dialogante, que trasciende sus propios intereses y comparte las necesidades de su "contrario": entre personas campesinas y urbanas, productoras y consumidoras, inmigrantes y autóctonas, ciudadanas del Norte y del Sur que, en lugar de entregarse a la competencia de todos contra todos, ofrecen resistencia al intervenir, en cooperación y respeto, creando alternativas reales. Así, es posible la construcción de un espacio con posibilidades de resistencia y transformación social. Criticando a la OMC, con el lapsus mental de la PAC y de los movimientos sociales de producción agroecológica y consumo responsable, no.

En esta Ronda de Desarrollo se suponía que los países pobres tenían que estar más interesados que los ricos en un acuerdo multilateral de liberalización del comercio, marco en el que se verían más protegidos frente a los acuerdos bilaterales o regionales promovidos por EEUU. Tanto la UE como EEUU esperaban conseguir en Cancún un avance en la liberalización del comercio mundial. Contaban con un acuerdo previo sobre medicamentos para facilitar su acceso a los países pobres y habían activado, el 13 de agosto, una propuesta conjunta que, por primera vez, les vinculaba como aliados en temas agrícolas, en lugar de presentarse como competidores. La Reforma de la PAC mostraba las "buenas intenciones" de la UE en cumplir con los compromisos de Doha. Sin embargo, la propuesta de 15 países del Sur, una semana después de acuerdo Washington-Bruselas, hizo aparecer el G-22 impulsado por Brasil e integrado por las economías pobres y no tan pobres, en una alianza superadora de intereses aparentemente contrapuestos en el mercado mundial.

En la estrategia de los países ricos, no era posible una coalición entre los menos fuertes. Esta posibilidad se ha saboteado con ofertas bilaterales sobre productos muy sensibles para algunos países pobres (caso del algodón en los países africanos). Pero el G-22 se ha convertido, contra todo pronóstico, en el bloque opositor al acuerdo Washington-Bruselas. Cambió la agenda al supeditar la reducción de aranceles sobre las mercancías no agrarias a la eliminación de los subsidios a la exportación y las ayudas internas a la agricultura. Consiguió incluso el compromiso de reducir los aranceles escalonados que suponen una discriminación negativa sobre los países menos industrializados porque gravan más, cuanto más elaborado está el producto. El papel del G-22 ha impedido finalmente que la UE, pero también EEUU y Japón, consiguieran introducir entre los compromisos los dos elementos más dañinos para las economías más débiles, heredados de la Agenda de Singapur: la protección a las inversiones (libre acceso de las inversiones extranjeras) y garantías a la libre competencia en los mercados (es decir, impedir la protección de la actividad local frente a las multinacionales). Los países pobres han preferido renunciar a lo conseguido en agricultura, antes de exponer sus economías, sin protección, al capital internacional.

El fracaso de Cancún es sólo un aplazamiento de la Ronda del Desarrollo. El 15 de diciembre, se reanudan las negociaciones. El peso de los movimientos sociales desde Seattle, ha basculado de la calle y las protestas (No os vais a reunir, abajo Babilonia), a las alfombras y las propuestas (para ayudar a los países pobres en sus negociaciones). Algunas corporaciones que se consideran defensoras de los más excluidos, han llegado a afirmar que hubiera sido mejor no romper las negociaciones y aceptar un mal acuerdo. Olvidan estas bienintencionadas ONGs que el mercado mundial no es el mercado de las pequeñas y medianas explotaciones, sino de las grandes y de la agroindustria. La distribución a gran escala es su territorio, su terreno específico. Considerar que haciendo más justas las reglas del comercio internacional y eliminando las subvenciones a la agricultura doméstica, se restablece el equilibrio y a partir de ahí, es posible que los productos del Sur puedan "competir" en los mercados del norte, es quedarse en la superficie. Se restablecería una mejor competencia de los capitales y la guerra entre ellos no sería tan desfavorable para los países del Sur. Pero, en ningún caso, permitiría a la agricultura campesina seguir cumpliendo su función de garantizar la soberanía alimentaria y lo que es más importante, su propia supervivencia. De hecho, aunque podría convertirse en un medio para frenar el despliegue del libre comercio, la alianza del G-22 se ha hecho sobre la base de sus intereses comunes y no reclamando políticas específicas que partan de la realidad de cada país para proteger del hambre y las privaciones a su propia población, para mantener a sus propios campesinos, defendiendo su derecho a ejercer la soberanía alimentaria.

Pilar Galindo, septiembre de 2003
Participa en el Grupo Autogestionado de Consumo de CAES
y en el Área de Agroecología del Movimiento Antiglobalización

Notas:

1. La Ronda de Uruguay fue decisiva en materia de agricultura por la incorporación de las mercancías agrarias a las normas generales de comercio internacional, la aprobación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y la amenaza de la inclusión de las plantas y animales en el Acuerdo sobre los Derechos de Protección Intelectual relativos al Comercio, para ser susceptibles de patente.
2. El pacto de Estabilidad ratificando lo establecido en el Tratado de Maastricht de 1992, mantiene el presupuesto agrícola de la UE en el 1,27% del PIB. Posteriormente dicho presupuesto agrícola fue congelado hasta el año 2007, aumentando un 1% anual desde entonces hasta 2013. Todo ello ha sido decidido antes de acordar la reforma de la PAC y el ingreso de los nuevos países. El pacto de Estabilidad obliga a los Estados miembros a una disciplina presupuestaria. El déficit público no puede supe-rar el 3% del PIB (Producto Interior Bruto: valor de todo lo producido durante ese ejercicio), de lo contrario serían penalizados, detrayendo las cantidades de sus asignaciones de Fondos de Cohesión o Fondos Estructurales. (Para mayor detalle, A. Morán "Globalización. Moneda única. Consecuencias." En VV.AA. "El movimiento antiglobalización en su laberinto: entre la nube de mosquitos y la izquierda parlamentaria". La Catarata-CAES. Madrid, 2003.)
3. Las ayudas directas se establecieron en aquellas OCMs que habían tenido recorte en los precios de intervención (herbáceos, lácteos, carne de vacuno, ovino y caprino). Se trataba de una ayuda que compensaba parcialmente la caída del precio. Su calculo se hizo en función del rendimiento (toneladas por hectárea en cultivo) y por cabeza de ganado. De tal manera que no sólo cobraba más quien más tenía (el 80% de las ayudas directas eran para el 20% de los productores que poseen más renta agraria) sino que se pagaba más a las zonas con rendimientos superiores
4. Para más detalle sobre la PAC, P. Galindo "la Globalización de la Agricultura y la Alimentación", en VV.AA. (2003), op.cit.
5. Desacoplamiento significa desvincular completamente de la producción las subvenciones a la renta. Afecta a las ayudas directas. Cada explotación recibirá el montante de ayuda de todas las ayudas directas a que tenga derecho en una única prima por explotación que quedará fijada a la superficie (una cantidad por hectárea). Pero no se pagará lo mismo a idéntica superficie, sino que se calcula en función de las ayudas directas a que tiene derecho (en consonancia con el tipo y volumen de la producción actual, considerando una serie de años). Una vez hecho el cálculo, sin embargo, la cantidad queda asignada a la superficie. A partir de ahí no se le exige a la explotación el mantenimiento de la actividad actual, pudiendo orientarse a producir lo que le resulte más rentable. La reforma ha quedado en un desacoplamiento parcial de las ayudas directas (sólo afecta a un porcentaje de la ayuda directa, variable según acuerde cada Estado). La propuesta venía acompañada de un tope por explotación de 300.000 euros, que ha sido criticado tanto por ser demasiado alto (por parte de quienes querían rebajar más el apoyo a las explotaciones grandes), como por el hecho de fijarse un límite por explotación.
6. Es la segunda Reforma de la PAC. Los cambios abordados no cambian la trayectoria ni la sustancia, adaptándose sólo a una forma más adecuada al lenguaje de la OMC (competitividad y agricultura multifuncional).
7. Los programas de desarrollo rural agrupan el resto de las medidas, vinculadas a criterios medioambientales, sociales o de desventaja geográfica (agroambientales, forestación de tierras agrarias, cese anticipado, incorporación de jóvenes, zonas desfavorecidas y de alta montaña), pero también los apoyos a la modernización de explotaciones y comercialización. Todas estas medidas son cofinanciadas al 50% con presupuestos de los Estados miembros. Sólo en las Regiones Objetivo 1 (donde el PIB es inferior al 75% de la media comunitaria) la financiación del presupuesto común es del 75%.
8. En esta reforma se han incluido auditorias medioambientales, de carácter voluntario, para evaluar el cumplimiento de la legislación. Para incentivar su uso se incluyen ayudas.
9. En el Estado Español el 9% de los agricultores reciben más del 60% de las ayudas directas; el 76% de las explotaciones carecen de viabilidad (en términos económicos), el 11% tienen dudoso futuro y el 13% concentran el 70% de los resultados económicos, ayudas incluidas; 3 de cada 4 explotaciones de agricultura familiar sólo pueden mantenerse con trabajo a tiempo parcial; a lo largo de 2002 ha desaparecido el 5% de los activos agrarios, a un ritmo que duplica la media europea (en la UE desaparecen 200.000 explotaciones al año). Jesús G. Regidor "Las ayudas al campo. Hasta la próxima reforma de la PAC". El País, 8/07/03.
10. Para mayor detalle sobre condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes rumanos y polacos, Nicholas Bell "Viaje al país de los hombres invisibles. Europa organiza la clandestinidad". Le Monde Diplomatique edición española, abril de 2003.
11. Agencia Europea del Medio Ambiente. Environmental Assesment Report nº 6, 1999
12. Es un intento de corregir la escasa presencia de condicionantes medioambientales y sociales en las subvenciones de la PAC. Se introdujo en la Agenda 2000, pero dejando a cada Estado su aplicación. Ahora se exige de forma obligatoria. Al tratarse tan sólo de cumplir la legalidad vigente, se convierte en un mero mecanismo de penalización, por incumplimiento de la legislación, en el caso de que el Estado miembro articule medios para hacer un seguimiento a las explotaciones que reciben ayudas.
13. "Con la excepción del sector de alimentación al por menor, los agricultores europeos no han alcanzado el nivel extremo de la concentración corporativa de los agricultores en Norteamérica (EEUU y Canadá)". Documentación sobre tal afirmación se encuentra en el Boletín de National Farmers Unión, Canadá, Junio de 2003. Vol 54.
14. Tim Lang y Collin Hines : "El nuevo proteccionismo". Ed. Ariel. Barcelona, 1996
15. FMI. World Economic Outlook, septiembre de 2002. "¿Cómo afectan a los países en desarrollo las políticas agrarias de los países industrializados". Citado en informe MEMO/03 de la Comisión Europea (13 de febrero de 2003).
16. Peter Rosset y otros : "World Hunger: 12 Myths". 2ª Ed. Grove Press. New York, 1998
17. Caroline Lucas, "Stopping the great food swarm". MEP. Green Party of England and Wales. Marzo de 2001. Citado en Amigos de la Tierra "Hacer sostenible a nuestra agricultura: una necesi-dad impostergable. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

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